Sánchez, sin apoyo de Junts para su ley ‘ómnibus’: el PP vota no y presentará su ley para subir las pensiones

El Gobierno ha sufrido este miércoles una dura derrota en el Congreso de los Diputados, ya que Junts ha votado en contra de los tres Reales Decretos-Ley que se someten a votación y el PP no ha acudido al rescate de la ley ómnibus, con ayudas a la Dana, recortes al precio del transporte y la subida de las pensiones.

Fuentes del PP han confirmado a ECONOMÍA DIGITAL que votarán no a este decreto argumentándolo con la disposición que otorga la sede del Instituto Cervantes en París al PNV. A cambio, han registrado una proposición de ley para garantizar la revalorización de las jubilaciones «y que los pensionistas no paguen los problemas de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados».

Los populares se habían reservado el sentido de su voto hasta conocer la postura de Junts. Juan Bravo, el vicesecretario económico de la dirección del PP, había adelantado que no apoyarían la norma, lo que abría la puerta a una potencial abstención.

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha intervenido durante el debate del Real Decreto-Ley que crea el gravamen energético y ha avanzado que los siete diputados de Junts votarán no a las tres normas que el Gobierno había llevado hoy al Congreso.

«Toda la presión que nos están haciendo hoy es una presión que deberían haber puesto antes de aprobar en el Consejo de Ministros reales decretos sin haber negociado con Junts», ha dicho la diputada, asegurando que no cederán al «chantaje» y que votarán a favor de medidas como la subida de las pensiones o las rebajas en el transporte público si el Gobierno aprueba una norma con estas dos medidas. «Esta piratería vuestra nosotros ni la compartimos ni la votaremos. Votaremos que no a las tres iniciativas que se llevan a votación hoy».

Finalmente, esta primera norma ha sido derogada con 177 votos en contra (PP, Vox y Junts), mientras que recibió 171 a favor.

Además del Real Decreto-Ley con la subida de las pensiones, el Gobierno aprobó a finales del año pasado la creación, de nuevo, del gravamen extraordinario a las energéticas y la última pata de la reforma de las pensiones. Solo este último ha sido convalidado, ya que el PP se avino a apoyar este acuerdo que fue pactado con sindicatos y patronales. Ha recibido 298 favorables.

Sobre el impuesto energético, la votación de hoy era la crónica de una muerte anunciada y el Ejecutivo, como ha informado ECONOMÍA DIGITAL este miércoles, había tirado la toalla a la hora de conseguir los apoyos para que este gravamen saliera adelante. La norma ya tenía en contra al PP (137), Vox (33), Junts (7), PNV (5) y UPN (1).

El Consejo de Ministros aprobó este nuevo impuesto a finales del año pasado para cumplir con el compromiso con ERC, EH Bildu, Podemos y BNG, ya que se lo prometió a cambio de sus votos a la reforma fiscal que el Gobierno negoció ‘in extremis’ el pasado mes de noviembre.

Sin embargo, enfrente se han encontrado al PNV y Junts, habitualmente en la mayoría gubernamental, que alegaron que este tributo contravenía inversiones importantes en sus territorios y, en el caso vasco, impedía su concertación para que se recaudara por las Haciendas vascas.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido en la tribuna del Congreso las bondades de este gravamen para abundar en la justicia fiscal y en la imposición verde, un debate que va estar presente en las próximas décadas, aunque ha reconocido la imposibilidad del Gobierno para sacarlo adelante ante las «posiciones de máximos» en las que se han encuadrado los grupos políticos.

El diputado del PP Jaime de Olano ha dado la réplica a la vicepresidenta tras conocerse la negativa de Junts a apoyar al Ejecutivo y le ha lanzado que la legislatura «está muerta».

«No hay legislatura, no mientan más. No hagan perder el tiempo a los españoles por mantenerse unos meses más en Moncloa», ha asegurado.

El Real Decreto ómnibus incluía la subida del 2,8% de las pensiones, el recorte de los precios del transporte público en un 50% así como una serie de medidas, ayudas por la Dana e, incluso, las transferencias que el Gobierno central envía cada año a las comunidades autónomas dentro del sistema de financiación territorial, la actualización de las llamadas entregas a cuenta.