Sánchez lanza un plan a medida de los grandes editores tras negociarlo con ellos en verano
Los responsables de los grandes grupos de comunicación han participado este verano en sendas reuniones en Moncloa para acotar el impacto de la ley de intervención de medios del Gobierno
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El Plan de Calidad Democrática, que busca el control e intervención de los medios de comunicación bajo amenaza a sus accionistas y anunciantes, llegó este martes al Consejo de Ministros después de intensas negociaciones de Pedro Sánchez, no solo con los distintos partidos políticos, sino también con los grandes grupos de comunicación. El documento, que incluye 31 puntos de supuesta regeneración en los ámbitos políticos e informativos, ha sido negociado y discutido en sendas reuniones en Moncloa entre los responsables del Gobierno y los distintos editores de grandes grupos citados a estos encuentros.
El resultado es un plan que, a falta de conocer los detalles de algunos de sus puntos más ambiguos, está hecho por Sánchez a medida de grandes editores y centrado en echar el lazo a medios de información medianos y pequeños, mediante el control de la publicidad institucional o la fiscalización y revelación de los accionistas, inversores y anunciantes de aquellas cabeceras de menor tamaño.
Sánchez promueve un registro de medios y control sobre inversores y anunciantes
El Gobierno de Pedro Sánchez, tal y como ha avanzado, reformará la CNMC, bajo control de Moncloa, para crear un registro de medios donde se indique quienes ponen dinero, sea como inversores, prestamistas o anunciantes, que de otra manera escapa a un primer control fiscalizador.
También se incluyen en el documento algunas de las reclamaciones tradicionales de los grandes grupos de comunicación llamados ‘legacy’, es decir, aquellos que proceden del papel escrito y que acarrean una serie de lectores más consolidados que otros medios de carácter netamente digital y que han aprovechado segundas plataformas para crecer en audiencia (Google, Facebook…).
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, prometió este martes una reforma de la ley de Publicidad Institucional para modificar los criterios de medición de audiencias, que podría ir precisamente en esta dirección. Hay que recordar que las datos de audiencia de los medidores oficiales (GFK, Comscore, OJD…) son los que limitan y guían las cantidades de dinero público que conforman la publicidad institucional, aunque siempre caben naturalmente ciertas discrecionalidades a gusto del político de turno.
Sánchez lanza otro guiño a los nacionalistas
A falta de conocer los detalles del documento, la estrategia de Sánchez para controlar a los medios tiene guiños a las fuerzas nacionalistas y a sus medios de comunicación afines. En este sentido, Urtasun explicó que el documento contiene «medidas de discriminación positiva para aquellos medios de comunicación que estén íntegramente en lenguas cooficiales», lo que responde «a algunas de las demandas» realizadas por «grupos parlamentarios» con los que se reunieron el propio Urtasun y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y mano derecha de Sánchez.
Incertidumbre sobre el control accionarial
Dentro de las medidas anunciadas hay algunas que requerirán una posterior explicación. Es el caso, como expuso Urtasun, de la promesa de establecer «un marco regulatorio para defender el pluralismo político y evitar la concentración de medios».
El ministro de Sumar explicó que se va a aprobar «un marco normativo para hacer frente a los oligopolios mediáticos que, cuando existen, socavan el derecho de la ciudadanía a acceder una información que sea plural«. Para mayor incertidumbre, Urtasun añadió: «a nadie se le escapa que si las mismas personas o grupos económicos son propietarios de los medios de comunicación el trabajo de sus profesionales se ve limitado a la hora de criticar dichos oligopolios o poderes económicos que adquieren medios de comunicación con la voluntad de intervenir en el debate público a partir de una determinada línea editorial».
100 millones en subvenciones para los medios
El Gobierno de Sánchez ha prometido además la puesta en marcha de una línea de ayudas de 100 millones de euros para la digitalización de los medios con el fin de crear bases de datos, desarrollar herramientas de productividad y calidad informativa, así como reforzar la ciberseguridad.
El gran obstáculo de esta ley será su aprobación en sede parlamentaria, y habrá que ver qué postura toman los socios de Gobierno. De momento, desde Podemos, votos necesarios para la modificación de leyes orgánicas, se ha considerado insuficiente el texto por no abarcar a periodistas televisivos concretos, mientras que Junts se ha mostrado receloso y considera que no prosperará.
