Sánchez paga con más gasto público los errores con el turismo

El acuerdo europeo para dar vida a un plan de rescate para ayudar a la reactivación en julio, parece que fue para el Gobierno de Pedro Sánchez como, si de la noche a la mañana, hubiera obtenido carta blanca de Europa para multiplicar el gasto público como única herramienta para paliar los efectos que sobre la economía está teniendo la pandemia del coronavirus.

Olvidados los intentos para tratar de impulsar la economía con la temporada turística -la OCDE advierte que nuestro país se está quedando atrás en la reactivación-, el Gobierno ya solo anuncia medidas el gasto a medida que progresa agosto. Ya se da por hecho que habrá un acuerdo para prorrogar los ERTE más allá del 30 de septiembre y ahora se estudia poner en marcha nuevos subsidios para desempleados. Un contexto que anticipa que el gasto público va a ser notablemente más alto del previsto en abril, cuando avanzó a Bruselas que el déficit se quedaría este año por debajo del 11%. 

Aunque hasta el momento desde el Ejecutivo no contemplan otra estimación, en los últimos días el presidente del Gobierno ya ha dejado caer que la crisis no acabará antes de 2023, pero como alivio prorrogará los ERTE para evitar que desaparezca parte del sector hostelero.

Turismo y empleo, dos problemas que se enquistan

Los expedientes de regulación temporal de empleo los acaparan, más que ningún otro sector, las empresas turísticas, que suponen casi un 50% de todas las solicitudes aprobadas que permanecen activas en plena temporada de verano. El aparente fracaso de las negociaciones con Reino Unido para levantar la cuarentena a viajeros de España no indica que esta situación vaya a cambiar, sino más bien a complicarse, dejando una pobre temporada turística en agosto.

El peso en el empleo del sector y de todos lo que le rodean -como la restauración-, es previsible que complique que España vaya a ser capaz de crear empleo con fuerza en la segunda parte del año; y la solución vuelven a ser los subsidios. Este lunes, por ejemplo, se ha confirmado que el Ministerio de Trabajo y Economía Social que dirige Yolanda Díaz está negociando nuevas mediodas de apoyo extraordinarias con los sindicatos y las organizaciones empresariales para cubrir a unos 700.000 trabajadores.

Tal como informó El País, el pacto que con toda probabilidad se firmará tiene dos partes: un subsidio de 430 euros mensuales a cobrar durante un trimestre para unos 550.000 desempleados que han agotado ya sus prestaciones u otros subsidios, y por otra parte la compensación en una paga para mejorar las prestaciones de unos 150.000 trabajadores que están sujetos a varios contratos a tiempo parcial en aras de equipararlas a las que perciben los trabajadores que no sufren esta parcialidad, ante el agravio respecto a los trabajadores inmersos en un ERTE.

El pacto no está cerrado, pero tal como se ha presentado hasta ahora no podría costar menos de unos 700 millones de euros (tomando en cuenta solo la primera parte del acuerdo). Se calcula que los ERTE han costado hasta junio unos 8.000 millones al Estado, y en general el gasto público en lo que va del año y lo que falta puede alcanzar hasta el 52% del PIB, según datos de BBVA Research. La entidad prevé este gasto puede crecer este 2020 entre un 10% y un 11%, y advierte de que el próximo año es probable que los niveles se mantengan «estructuralmente elevados».

«Esfuerzo discrecional por incrementar el gasto»

El informe publicado este lunes por el servicio de estudios de BBVA sugiere que en los últimos meses, con la justificación de la pandemia, «ha habido un esfuerzo discrecional por incrementar el gasto». La ampliación de las prestaciones hacia colectivos vulnerables, los incentivos a mecanismos como los ERTE y la transferencia de 17.000 millones de euros a las comunidades autónomas para abordar los retos sanitarios, entre otras medidas, podrían explicar entre el 3% y el 4% del aumento en el gasto público, reza el documento.

El impacto del gasto público se notará no solo por su incremento, sino por la fuerte contracción del PIB, que en el segundo trimestre cayó un 22% con respecto al mismo periodo de 2019. Paralelamente, el incremento del desempleo aumentará entre un 1% y un 2% el gasto público, debido al seguro del que gozan los parados. Y, siempre según el informe de BBVA Research, un nuevo confinamiento generalizado de la población podría significar que el próximo año el gasto público, en lugar de bajar, siga creciendo a niveles similares.

La entidad no duda de que el gasto público será elevado en los próximos años, entre otros factores por el ajuste prolongado en sectores clave como el turismo, «que requerirá la continuación de una política fiscal expansiva, la necesidad de mantener la inversión pública en salud, o los cambios estructurales que la demografía traerá a las cuentas públicas». Por ello, el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado debe ser «un plan que dé certidumbre sobre el proceso de reducción del déficit a medio plazo» y que el Gobierno demuestre «que se está haciendo el mejor uso de los recursos».