El nuevo cheque en blanco de Sánchez a Junts allana la supresión de las diputaciones catalanas

Apenas 60 días después de su acuerdo de investidura con Junts, Pedro Sánchez ha agotado ya el cheque de la investidura y se ve obligado a pactar nuevas medidas con los de Carles Puigdemont, que ni siquiera estaban contempladas en el documento que firmaron los dos dirigentes en noviembre pasado. Para la convalidación de sus nuevos decretos, votados este miércoles en las Cortes, el PSOE ha tenido que ceder en nuevos ámbitos, como la cesión completa de las competencias en inmigración a la Generalitat de Cataluña.

Hay otro aspecto en las cesiones de última hora que, a pesar de su vaguedad, anticipa otra ganancia inédita para el secesionismo catalán: Según el comunicado de Junts, «se reconocen los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local». Según fuentes municipales consultadas por ECONOMÍA DIGITAL, esta sentencia abre la puerta a recuperar una de las grandes reivindicaciones del independentismo, la sustitución de las actuales diputaciones en Cataluña (4) por las veguerias (8), una organización territorial de Cataluña que se remonta a un modelo medieval y que fue tumbado ya por el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre el Estatuto catalán en 2010.

Sánchez da más poder electoral a Puigdemont

La nueva estructura local sería una nueva victoria para el independentismo (que se desprendería de la estructura, según ellos «franquista», de las diputaciones), pero también una victoria para Junts. Los de Carles Puigdemont en la actualidad están en el dique seco del poder territorial, sin ninguna gran alcaldía ni gobierno provincial. El ordenamiento en veguerias les permitiría alcanzar mayores cotas de poder en el ámbito local y colocar así a más afines.

Las veguerías, una estructura del siglo XII y eliminada en 1716 con el Decreto de Nueva Planta de Felipe V, contempla ocho demarcaciones: el Alto Pirineo y Aran; Lleida; Campo de Tarragona; Tierras del Ebro, Cataluña Central; Girona; Penedès y Barcelona. En algunos de estos territorios, los nacionalistas conservadores serían la opción política predominante y podrían ganar mayores cotas de poder.

Pero, ¿es constitucional la nueva cesión?

La gran pregunta es cómo va a desbloquear el Gobierno, una estructura que quedó tumbada por el Constitucional en su sentencia sobre el Estatut. La norma orgánica catalana establece en su artículo seis que asegura que «Cataluña estructura su organización territorial en municipios y veguerías». La sentencia del TC paralizó también la Ley de Veguerias de Cataluña, que se encuentra actualmente en moratoria.

El otro acuerdo establecido este miércoles es la cesión completa de las competencias en inmigración del Estado a Cataluña, y su acompañamiento presupuestario correspondiente. Sin embargo, surgen dudas sobre su legalidad, puesto que la Constitución establece que el Estado tiene competencias exclusivas en «nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo».

Junts asegura que la medida es constitucional si se lleva a cabo mediante ley orgánica, según el artículo 150.2 de la misma Carta Magna, que reza: «El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado».

Regreso de empresas a Cataluña y fin del ‘decreto Guindos’

La comunicación de Junts expone también un compromiso del Gobierno para impulsar el regreso de las empresas catalanas que se fueron por el desafío independentista, aunque no expone mucho detalle más allá de la derogación del ‘decreto Guindos’, el cambio en la Ley de Sociedades de Capital que permitía a las empresas cambiar de sede sin consultarlo con las Juntas de Accionistas, como se solicitó por parte de Caixabank, Sabadell o Naturgy en 2017.

Todas estas noticias proceden de Junts, porque ni el PSOE ni el Gobierno ha dado ninguna explicación de los pactos alcanzados con los independentistas.