Sánchez ante el juez: las claves de una declaración histórica

La investigación del juez Juan Carlos Peinado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salpicado desde sus inicios al jefe del Ejecutivo, por su evidente proximidad a la persona imputada. Empezando por su famosa primera carta dirigida a la ciudadanía, atribuyendo a una campaña de «acoso y derribo» en su contra la investigación por un presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios relacionada con su esposa y empresas que recibieron fondos públicos, así como las constantes referencias al caso en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, este martes la causa toma una dimensión trascendental. El magistrado ha citado a Sánchez para declarar como testigo, como esposo de la investigada, pero no en calidad de Presidente del Gobierno.

La prueba testifical se realizará en el Palacio de la Moncloa, hasta donde se dirigirá el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Es la primera vez que un juez se desplaza hasta la residencia del titular del Ejecutivo para tomar declaración como testigo a un presidente del Gobierno en ejercicio.

La decisión fue recurrida desde que se anunció, tanto por la defensa de Begoña Gómez como por la Fiscalía, que argumentan que la citación «carece de fundamento» y que no hay indicios que la justifiquen, además de pedir que el presidente pueda declarar por escrito.

Una fórmula que el propio Sánchez también requirió al juez a través de una carta, donde aseguraba que su comparecencia resultaba «inescindible» de su condición de Presidente del Gobierno, por lo que quería «preservar el sentido de la propia institución».

El juez mantiene la declaración presencial

No obstante, el magistrado ha rechazado la petición del presidente. El juez mantiene la citación para este martes 30 de julio, en virtud de lo que establecen los artículos 412 y 413 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y se desplazará hasta la Moncloa para tomar declaración a Sánchez-

El juez considera que su comparecencia no se enmarca en hechos de los que tenga conocimiento por su razón de cargo, respondiendo así a la carta del presidente.

Tanto Sánchez, como la defensa de Gómez, como la Fiscalía -que volvió a recurrir la decisión de Peinado este lunes- ponen el foco en que la citación sí se encuadra en su condición de Presidente del Gobierno, y no únicamente como marido de Gómez, como sostiene el magistrado.

Desde la defensa, arguyen que si el juez está investigando «todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por Gómez desde que su esposo es el presidente, no se entiende que se tome declaración con la fórmula del artículo 412.3, es decir, por cuestiones de las que haya tenido conocimiento el testigo pero no por razón de su cargo».

Añaden que es «obvio» que lo que trata de investigar el instructor «es una supuesta pretendida influencia de Gómez en el Presidente del Gobierno«. En ese mismo artículo se amparó Sánchez para pedir declarar por escrito, pues, indicó, la Ley de Enjuiciamiento Criminal lo permite cuando la declaración de un Presidente es por hechos de los que tenga conocimiento por «razón de su cargo», pero no en el caso de hechos ajenos a su ejercicio como presidente.

La Fiscalía alega que hacer declarar como testigo a Sánchez no es «ni necesario, ni útil, ni pertinente«, y subraya que en el procedimiento se están produciendo «disfunciones» respecto a las testificales, pues «ya son dos las personas traídas a la causa como testigos y que, tras declarar bajo juramento, han sido imputadas y han pasado a tener la consideración de investigadas sin motivación alguna».

Unos argumentos que ha repetido en el segundo recurso interpuesto. Ni el recurso de la defensa ni los dos de la fiscalía han sido resueltos.

Una declaración llena de incógnitas

La citación a Sánchez es a las 11 de la mañana y se prevé que el interrogatorio quede grabado, para aportarlo al procedimiento donde, además de Begoña Gómez, también figuran como investigados el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, que declaró este lunes, y el empresario Juan Carlos Barrabés, a quien se le ha aplazado la citación al próximo jueves 1 de agosto.

Qué dirá el Presidente del Gobierno es, por ahora, una incógnita.

En su escrito dirigido al juez, Sánchez destacaba su voluntad de «colaborar» con la Justicia, aunque la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece en su artículo 416 que el cónyuge de una persona investigada está «dispensado de la obligación de declarar».

Así, podría acogerse a este supuesto y no declarar, tal como hizo Gómez el pasado 19 de julio, en su segunda visita ante el juez.

La primera se suspendió al asegurar que no conocía los motivos por los que se la investigaba y de que su defensa argumentara que la querella interpuesta por Hazte Oír no se les había comunicado.

Vox ejerce la coordinación de las acusaciones populares que están personadas en la causa

La declaración también contará con la presencia de Vox, ya que el juez permitirá a la coordinadora jurídica del partido, Marta Castro, asistir y participar presencialmente en el interrogatorio a Sánchez.

Vox ejerce la coordinación de las acusaciones populares que están personadas en la causa: Hazte Oír, el Movimiento por la Regeneración Democrática, Manos Limpias y Iustitia Europa. Hazte Oír ha organizado una concentración en la explanada peatonal de la Facultad de Estadística, ubicada frente a uno de los accesos del recinto donde está la residencia del presidente del Gobierno.

Caso Begoña Gómez

La investigación judicial en torno al caso de la esposa de Sánchez está centrada en determinar si la esposa del presidente del Gobierno utilizó su posición para influir en contratos públicos.

Se le acusa de haber utilizado su vínculo con el Presidente para respaldar a empresarios en licitaciones oficiales mediante cartas de recomendación.

Uno de los nombres clave en la investigación es Juan Carlos Barrabés, quien se benefició de contratos que superan los 10 millones de euros. Su empresa, Innova Next, está entre las que Gómez habría recomendado y que ganó contratos con Red.es. Además, Barrabés ha sido profesor en el Máster de Transformación Social Competitiva, codirigido por Gómez.

El caso también investiga si Gómez tuvo un papel en el rescate público de Air Europa. Se señala que coincidió con el exconsejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, en eventos de enero de 2020 organizados por la sociedad Wakalua, filial de Globalia. Además, el IE África Center, que Gómez dirigía, firmó un acuerdo con la compañía poco antes de estos eventos.

Otro aspecto bajo escrutinio es un software patentado por la mujer de Sánchez en el marco de un máster de la UCM que codirigía. Se investiga si Gómez utilizó su posición para desarrollar un programa para empresas utilizando recursos públicos, después de que grandes compañías como Telefónica, Google o Indra decidieran no continuar con el proyecto.