Sánchez dice ahora que defender a Llarena es «una cuestión de Estado»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido al paso de la polémica por el desamparo del Ejecutivo al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en la querella en su contra presentada por Carles Puigdemont en Bélgica. Después de contratar a un despacho de abogados para defender al magistrado español, Sánchez ha asegurado que el proceso que llevará al banquillo a Llarena «no es una cuestión privada» sino «una cuestión de Estado».

Las declaraciones del jefe del Ejecutivo corrigen así el comunicado emitido el pasado jueves por el Ministerio de Justicia, dirigido por Dolores Delgado, en el que se afirmaba que el Estado «en ningún caso» podía asumir la defensa del juez por unos actos privados, unas declaraciones ante los medios en una conferencia en febrero en las que aseguró que en España no había presos políticos, como denuncia el independentismo en relación a los dirigentes soberanistas encausados.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las asociaciones de jueces, salvo Jueces para la Democracia, afearon al Gobierno su decisión y forzaron una rectificación, hasta el punto de que Delgado aseguró que el Ejecutivo defendería a Llarena «hasta las últimas consecuencias». Ahora Sánchez va más allá y manifiesta que en la causa de Puigdemont contra Llarena por supuesta vulneración del derecho a la defensa del expresidente de la Generalitat está en juego «la soberanía de jurisdicción» de España.

Sánchez: El Gobierno amparó a Llarena «desde el primer minuto»

Además, el presidente, de visita oficial en Chile, ha afirmado que su gobierno atendió «desde el primer minuto» los requerimientos del CGPJ para que amparara al juez en su procedimiento judicial belga, basado en una demanda en la que Puigdemont tergiversa las palabras del magistrado y expresa argumentos falsos como que España «es como Kazajistán». 

Por otro lado, Sánchez ha defendido a la Fiscalía en su investigación a los Mossos d’Esquadra por perseguir a 14 personas que retiraron lazos amarillos, a las que la Generalitat amenaza con multas en aplicación de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza. El presidente ha recordado que el Ministerio Público actúa de forma autónoma y «está obligado a pedir esa información».