Jueces y fiscales se rebelan contra Sánchez por abandonar a Llarena
Casi todas las asociaciones de jueces y fiscales firman un comunicado en defensa del magistrado ante la pasividad del Gobierno
La mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales firmaron el viernes un comunicado en defensa de Pablo Llarena ante la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez por la demanda que los políticos independentistas presentaron contra el instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo.
El comunicado fue elaborado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que es la asociación mayoritaria de jueces y fiscales en España.
Al texto se adhirieron las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, y las de fiscales Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
Las asociaciones que no se sumaron a la defensa de Llarena fueron las progresistas Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales.
Los jueces reclaman a Sánchez una defensa de la jurisdicción española
La postura adoptada por el Gobierno de Sánchez sobre la demanda civil presentada en Bélgica contra Llarena no fue bien acogida por parte de la judicatura, que cree que lo que está en juego no es la honorabilidad del magistrado, sino la integridad total de la jurisdicción española.
El ministerio de justicia no siguió el criterio de la Abogacía del Estado, que en un informe defiende que concurren los requisitos para que España se apersone en el procedimiento sin los reparos de la cartera de Dolores Delgado.
Justicia anunció el jueves que los Servicios Jurídicos del Estado defenderán la soberanía de la jurisdicción de los tribunales españoles ante la justicia belga pero no harán una defensa personal de Llarena por «actos privados que se le atribuyen en la demanda».
Diversos ámbitos políticos leen la decisión de Justicia como un «desconocimiento absoluto de los trámites procesales»
La demanda, promovida por Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros, utiliza como argumento unas manifestaciones del juez en febrero, cuando manifestó que en la causa del procés no había «presos políticos». Los demandantes piden una indemnización simbólica de un euro por la supuesta imparcialidad de Llarena.
Pero desde diversos ámbitos políticos se entiende la decisión del Gobierno de actuar «en la medida proporcional y adecuada» como un «desconocimiento absoluto de los trámites procesales» o como «el propósito de no hacer nada», según el comunicado de la APM.
Los jueces advierten de que España no podrá oponerse a la demanda si no se decide en el momento adecuado sobre los argumentos para pedir la admisión o inadmisión de la demanda al ordenamiento belga. Además, si España no se presenta ante el tribunal, los jueces belgas pueden considerar que renuncia a su inmunidad jurisdiccional.
Los jueces piden a Justicia «una clara y abierta defensa, sin reparos como los que ha expuesto»
El comunicado concluye que, con la demanda y las decisiones del Gobierno, «se intenta solamente desautorizar por medios muy diversos la actuación del instructor, y a través de este cauce, no se persigue otra cosa que desautorizar el propio proceso en su conjunto».
La APM demanda al ministerio de Justicia «una clara y abierta defensa de la jurisdicción española, sin reparos como los que ha expuesto», y que dé cumplimiento a las medidas que se le han solicitado desde el Consejo General del Poder Judicial.
