Sánchez adelanta la Navidad y colma de cesiones a Puigdemont para atar la legislatura

El último Consejo de Ministros del año suele ser la oportunidad perfecta para el Gobierno para colar en el índice todas aquellas medidas que se han quedado descolgadas durante el verano, en una avalancha idónea para ocultar algunas de las medidas más impopulares entre turrones y celebraciones.

El presidente Pedro Sánchez aprovechó la última reunión del gabinete de este año, celebrada este lunes 23, para hacer su propio balance de legislatura y dar cuenta del informe ‘Cumpliendo‘, la publicación semestral en la que da cuenta de los distintos compromisos desde su investidura. Pero, sobre todo, empleó el Consejo de Ministros para lanzar varios mensajes a Waterloo, donde reside Carles Puigdemont, presidente de Junts y pieza clave para que la legislatura continúe o no.

La cesión más clara fue la mano tendida del presidente a reunirse con Puigdemont para desbloquear la negociación de los Presupuestos, después de que el reelegido líder de Junts haya encarecido los votos de sus siete diputados para garantizar el avance de la legislatura. Tras la reforma fiscal, el Gobierno celebró que había más «confianza» con los neoconvergentes, pero estos se apresuraron a enfriar la cercanía de un acuerdo para la senda de déficit, primer paso de las Cuentas, y para el propio proyecto de Presupuestos, después.

«No tengo ningún problema (…). Me reuniré con los presidentes de Junts y ERC«, dijo Sánchez, metiendo en la misma respuesta a Puigdemont y a Oriol Junqueras, líder de ERC y también pendiente de la aplicación de la Ley de Amnistía. «Entendemos que la amnistía se produce en el momento en que está avalada por las Cortes Generales», subrayó el jefe del Ejecutivo.

Pero en la letra pequeña del Consejo de Ministros hubo más gestos hacia Junts, tratando de avanzar en los acuerdos con los catalanes y de cuadrar el círculo de los pactos con el resto de los socios.

El Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley con un nuevo gravamen al sector energético para aplicar sobre sus beneficios extraordinarios en el año 2025. Esto cumplía con los acuerdos con Podemos, ERC, EH Bildu y BNG. Pero la principal novedad, como desgranó Sánchez a preguntas de los periodistas, fue que en el diseño de este tributo estarán incluidas deducciones por inversiones a la descarbonización y transición ecológica. Un claro guiño tanto a Junts como al PNV.

El acercamiento clave con los jeltzales puede venir de un acuerdo con EH Bildu. El partido abertzale publicó un mensaje en la red social X (antes, Twitter) donde explicaban que habían pactado con el Gobierno la conversión del gravamen en un impuesto, mediante el cual se pueda concertar su recaudación con las Haciendas forales vascas y la Navarra. El principal argumento que esgrimía el PNV para rechazar su prórroga.

Otro guiño vino en la renovación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que contaba con cinco vacantes desde hace más de un año. De los cinco nombres puestos en la mesa por el Ministerio de Economía, que ahora tendrán que recibir el aval del Congreso de los Diputados, uno fue propuesto por el PNV y otro por Junts.

El candidato de los neoconvergentes no es ni más ni menos que Pere Soler Campins, quien fuera el director general de los Mossos durante el referéndum ilegal del 1 de Octubre de 2017 y que fue destituido en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Las medidas fiscales de Hacienda también recogen una pequeña enmienda a la reforma fiscal que fue aprobada la semana pasada definitivamente en el Congreso de los Diputados. Durante la tramitación en el Senado, Junts reclamó que el nuevo impuesto a los líquidos para cigarrillos electrónicos que ya estuvieran en poder de comercios minoristas, distribuidores y fábricas en territorio nacional no entrara en vigor hasta el 1 de julio de 2025, medio año después.

«No parece oportuno hacer entrar en vigor a día 1 de enero de 2025 un impuesto no sometido a consulta pública previa que impacta directamente en las operaciones comerciales en el territorio nacional», recogía la enmienda en el Senado, que apuntaba que había pymes con producto almacenado por valor de más de 300.000 euros.

Hacienda ha decidido aplicar un término medio y este nuevo impuesto se aplicará a partir del 1 de abril de 2025, dándole «un mayor margen temporal para que los sujetos afectados puedan adaptarse a la nueva figura impositiva».

Además, como muestra la referencia del Consejo de Ministros, el Gobierno acordó también la desclasificación de algunos documentos relativos a los atentados yihadistas del 17-A en 2017, en los que murieron 16 personas y 300 quedaron heridas. En concreto, el Gobierno ha levantado el secreto del registro de visitas de agentes del CNI al imán de Ripoll, considerado el autor intelectual de los ataques.