Sánchez encara 2025 sin Presupuestos, con foto con Puigdemont y acosado por el frente judicial

El Gobierno cierra 2024 prácticamente como terminó 2023: con una prórroga presupuestaria y una relación muy tensa con Junts per Catalunya, el partido liderado por Carles Puigdemont (ahora, de nuevo, oficialmente) cuyos siete votos en el Congreso resultan clave para el devenir de la legislatura.

Igual que hace un año, la intención del Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez es presentar unas Cuentas para el año que empieza, aunque ya hay algunas voces que piden retrasar las negociaciones, que siempre conllevan un desgaste, para abordar el proyecto de 2026.

Pero si a finales de 2023 y principios de 2024 las dudas más allá de la aritmética parlamentaria se ceñían a la aplicación de la Ley de Amnistía, los frentes judiciales contra Pedro Sánchez y el PSOE, encarnados en la esposa del presidente y en la trama alrededor del exministro José Luis Ábalos, añaden presión y dificultan el devenir político de este 2025.

En las últimas semanas, y más aún después de sacar adelante la reforma fiscal en el Congreso tras unas duras negociaciones a dos bandas, izquierda y derecha, en el Gobierno había optimismo para sacar los Presupuestos. La intención es que las Cuentas entren en vigor durante el primer trimestre de 2025, dando oxígeno político a Sánchez y anclando la legislatura hasta 2027.

El presidente del Gobierno abrió la puerta en público a reunirse con Carles Puigdemont, que aún no puede pisar terreno español al no haberse resueltos los recursos judiciales contra la Ley de Amnistía, para allanar el camino a los Presupuestos Generales del Estado. Tanto con Puigdemont como con Junqueras, que pese a que fue indultado, aún pesa sobre él una inhabilitación para cargo público que frustra su objetivo de volver a presentarse a las elecciones a la presidencia de la Generalitat.

«La sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española han pasado página de lo que sucedió en el año 2017«, justificó Sánchez en su balance de final de año y subrayó que el valor político de la medida de gracia ya estaba en vigor: «La amnistía se produce en el momento en que está avalada por las Cortes Generales. (…) A efectos políticos esta amnistía ya se aplica», insistió tras el último Consejo de Ministros del año.

Pero la foto con Puigdemont, en España o en Waterloo, podría no ser suficiente. El día de Nochebuena el líder neoconvergente insistió en que no apoyará al Gobierno «mientras persista tanto en Madrid como en Cataluña la estrategia que pretende hundir» a Cataluña en una decadencia social, económica, lingüística y nacional. Y señaló con dedo acusador tanto a Sánchez como al presidente de Cataluña, Salvador Illa, de quienes dijo que «han creído que los apoyos recibidos les daban un cheque en blanco».

El Gobierno hace gala de haber sacado 25 normas en este primer año de legislatura pero los Presupuestos serán la verdadera prueba de fuego y reeditar la mayoría de la investidura, de Podemos a Junts, no será sencillo.

Mientras, en el propio seno de la coalición una desdibujada Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder oficiosa de Sumar, trata de marcar perfil propio. En el entorno de la ministra de Trabajo insisten en que el Ejecutivo debe mandar leyes progresistas al Congreso y pelear los apoyos, con un mantra que ha repetido en varias ocasiones en público: gobernar no es resistir.

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2025 y la reducción de la jornada laboral legal a 37,5 horas son los principales retos de Díaz. El primero de ellos es un mero trámite administrativo, pero tendrá que hacer frente a resistencias en el seno del Gobierno. Y el segundo, el proyecto estrella de la legislatura, necesita del concurso de Junts para salir adelante… y también de que el PSOE le dé luz verde para salir del Consejo de Ministros.

Díaz, que dimitió en junio como líder de Sumar, afronta un año clave para reconstruir el espacio a la izquierda del PSOE, que ha perdido tracción tras las guerras intestinas y la salida de Podemos del grupo parlamentario.

De cara al año que viene, el partido del que todavía es la principal referente busca proponer medidas de marcado carácter izquierdista que reactiven a sus votantes. Entre otras, intervenir el mercado de la vivienda, el reto clave del Ejecutivo, o realizar una reforma fiscal profunda, más allá del «paquete fiscal» que consiguió aprobar el Ejecutivo hace unas semanas.

Sánchez y Díaz se la juegan este año y deberán probar si gobernar es resistir o gestionar. Y si son capaces de atar los Presupuestos que cimenten la legislatura hasta mediados de 2027.