La Sagrada Familia gana otro pulso judicial a Hacienda por el IVA
Los tribunales dan la razón a la junta constructora de la Sagrada Familia y a uno de sus proveedores a los que Hacienda exigía el pago del IVA
“Con la Iglesia hemos topado”. Este tópico literario de Don Quijote de la Mancha se lo puede aplicar la Agencia Tributaria respecto a la construcción del templo de la Sagrada Familia de Barcelona. Siempre que Hacienda ha reclamado el IVA a algunos de sus proveedores de materiales, los tribunales han recordado que la construcción del templo está exenta del pago de este impuesto. La última sentencia al respecto es del contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: de nuevo, dan la razón a la Junta Constructora del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia que preside el arzobispo Juan José Omella.
La Agencia Tributaria reclamó a la empresa Irpen el pago del IVA en las facturas que giró a la junta constructora de la Sagrada Familia en los años 2013, 2014 y 2016. Los inspectores tenían claro que no pueden exigir el IVA a los proveedores de piedra, a los escultores, los artesanos de los vitrales, … pero se lo reclamaron a Irpen por la entrega de materiales acrílicos, PVC y akiver sun type (láminas de policarbonato para revestimientos) que también se utilizan en la construcción el templo.
Al estimar el recurso de la junta constructora, el TSJC considera que estos materiales también están exentos de IVA si se utilizan en la construcción de la basílica. Hacienda no tuvo en cuenta que la Sagrada Familia es una edificación del siglo XXI que se sirve de las últimas tecnologías.
En definitiva, el TSJC recuerda que los materiales y servicios utilizados en la construcción de la Sagrada Familia y, por extensión, de cualquier edificio de culto, están exentos del IVA en virtud del acuerdo firmado entre España y la Santa Sede en 1979. Aunque el IVA no entró en vigor hasta 1986, el legislador contempló la exención. En la construcción o reforma de instalaciones religiosas no se repercute el IVA. Así de claro.
No obstante, el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Cataluña, adscrito al Ministerio de Hacienda, consideró que las exenciones reconocidas por la legislación no pueden interpretarse en el sentido de que están exentas todas las adquisiciones de bienes y servicios vinculadas a la construcción del templo. Por este motivo, reclamó el IVA en el caso de Irpen, pero no coló.
Los abogados de la junta constructora argumentaron que la decisión el TEAR suponía un “cambio de criterio” en la aplicación el IVA que vulneraba el principio de seguridad jurídica.
Una obra “peculiar”
La sentencia del TSJC recuerda que las normas no deben interpretarse “con rigidez” si con ello se impide una adecuación a la realidad. Incluso subraya las “peculiaridades” de la Sagrada Familia: “se está ante ejecuciones de obra parciales que se han venido desarrollando a lo largo de más de cien años y que aún no han concluido”.
La sentencia es de aplicación para Irpen y para el resto de proveedores. Irpen es una multinacional de materiales plásticos y sistemas de construcción que en febrero de 2018, cuatro meses después del referéndum del 1-O, trasladó su sede social de Barcelona a Alcalá de Henares.
Curiosamente, en las entradas que compran los turistas que visitan la Sagrada Familia tampoco se aplica IVA ni cualquier otro impuesto porqué se trata de un donativo para la construcción del templo, tal como lo reconoció en su momento la Agencia Tributaria. En cambio, sí que lo aplican en los productos de merchandising.
La construcción de la Sagrada Familia se salva del IVA, IBI, IAE, IRPF y del impuesto de sociedades, salvo contadas excepciones, tal como recogió en un exhaustivo informe el medio catalunyareligio.cat. Eso no quita que sus responsables insistan en que pagan todos los impuestos que por ley les corresponden. Es tan cierto como lo es que la ley les exige poco.
Colau les hace pasar por caja
Al contrario de Hacienda, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, consiguió que la junta constructora pagara tasas millonarias a cambio de concederles la licencia de obras. Estas obras se iniciaron en 1882, hace 137 años. El pasado julio, el Ayuntamiento ingresó 4,6 millones en concepto de tasas por la licencia.
Además, en noviembre de 2018, pactaron que la Sagrada Familia aportará 36 millones de euros en el plazo de diez años para sufragar los gastos municipales que genera su actividad. Este importe se desglosa en 22 millones para el transporte público, 7 millones para la construcción de un acceso directo desde el metro y otros siete millones para mejoras en el entorno urbano.
La junta constructora de la Sagrada familia goza de ventajas fiscales no solo por el acuerdo entre España y la Santa Sede sino también por su condición de fundación sin ánimo de lucro. El arzobispo Omella es su presidente nato, si bien de la gestión del día a día se encarga el presidente delegado, Esteve Camps, de 72 años, exdirectivo de La Caixa vinculado a diversas organizaciones cristianas y culturales. Sustituyó en 2011 en esta responsabilidad a Joan Rigol, expresidente del parlamento catalán.
Como vicepresidenta figura Maria Carulla de Tomàs. Fuentes de esta institución confirman que se trata de Mariona Carulla Font, presidenta del Palau de la Música Catalana y miembro de la familia propietaria de Agrolimen. Estas fuentes precisan que en la Sagrada Familia prefiere aparecer con el nombre que le pusieron en la pila bautismal y con el apellido de su difunto esposo, Jaume Tomàs.
