La Sagrada Familia compra su licencia de obras después de 133 años
La junta de la Sagrada Familia aportará 36 millones a las mejoras de su entorno a cambio de regularizar su situación
Tras dos años de conversaciones, el Ayuntamiento de Barcelona y la Junta Constructora de la Sagrada Familia han suscrito un acuerdo para regularizar las obras del templo, que durante 133 años se han estado realizando sin licencia. A cambio, la junta aportará 36 millones de euros en un periodo de 10 años para financiar parte de los gastos de gestión de la altísima actividad que genera la basílica concebida por Antoni Gaudí.
La aportación de la archidiócesis mediante la junta constructora se desglosa en 22 millones destinados al transporte público, 7 para mejorar los accesos al metro de la estación de Sagrada Familia, 4 para mejorar la urbanización del entorno de la basílica y otros 3 millones destinados a sufragar los gastos de mantenimiento de ese mismo entorno, tanto por lo que respecta a la limpieza como al despliegue de agentes cívicos.
La polémica escalinata de la Gloria queda pendiente
A cambio, el gobierno municipal de la alcadelsa Ada Colau se compromete, por un lado, a mejorar la estrategia y las infraestructuras de transporte público en la zona y a formalizar en pocos meses un plan especial urbanístico que permita conceder la preceptiva licencia de obras a los trabajos del templo, acabando así con lo que la teniente de alcalde Janet Sanz calificó este jueves de «anomalía histórica». La previsión es tenerlo todo regularizado a lo largo del primer trimestre de 2019.
El plan especial urbanístico se circunscribirá exclusivamente al ámbito ahora en obras, pero deja fuera la cuestión, mucho más espinosa, de la escalinata prevista frente a la fachada de la Gloria que, según los planes de Gaudí, debería llegar a la Diagonal y cuya construcción requeriría expropiar y derribar edificios existentes, un extremo al que el consistorio siempre se ha negado.
Ambas partes han vendido el acuerdo como una primera fase, tras la cual vendrá el abordaje de esa patata caliente
En todo caso, ambas partes han vendido el acuerdo como una primera fase, tras la cual vendrá el abordaje de esa patata caliente. El presidente delegado de la junta, Esteve Camps, que ha presentado el pacto junto a Colau y Sanz, ha dicho que esa segunda fase arrancará «de inmediato» para elaborar otro plan urbanístico «que aporte soluciones también en ese ámbito».
De momento, lo que se creará es una comisión de trabajo en la que, además de representantes municipales y de la diócesis, habrá expertos, vecinos y entidades de la zona. Y será en ese marco del que tendrá que salir una propuesta consensuada para la que no hay previsión de fechas.
