Romeva, como Junqueras: la mejor defensa es un buen ataque
El exconseller de Acción Exterior niega haber cometido delito alguno con un alegato en favor de la autodeterminación y sin atender a las acusaciones
Como un pacifista militante, demócrata, republicano y europeísta, circunstancialmente independentista desde 2010 y, ahora, convertido en un preso político. Así se presentó este martes ante el Tribunal Supremo el exconseller de Acción Exterior Raül Romeva, cuya declaración, en clave esencialmente política, fue perfectamente coherente con la de Oriol Junqueras, con quien Romeva comparte formación política y abogado.
Como Junqueras, Romeva dijo no ser independentista, sino «estarlo», y como Junqueras, se negó a responder otras preguntas que no fueran las formuladas por su defensor, Andreu Van den Eynde.
De hecho, en la línea por la que ya apostó el líder de ERC de usar como mejor defensa el ataque, consideró que en el juicio que desde la semana pasada se sigue en la sala de Plenos del Supremo, en el banquillo de los acusados están quienes defienden las libertades, mientras que entre las acusaciones se encuentra Vox, a quien describió como un partido «que amenaza» esas mismas libertades y los valores europeos. Romeva dedicó toda su exposición a sustentar esa paradoja.
Acción exterior dentro de la ley
El exconseller insistió en que su departamento no llevó a cabo ninguna acción constitutiva de delito, por lo que difícilmente, argumentó, se le puede achacar malversación por los gastos destinados a la acción exterior de la Generalitat mientras él fue el máximo responsable de la misma.
Recordó Romeva que el Estatut establece que la Generalitat tiene la obligación de llevar a cabo acción exterior sin más límites que los fijados por la Constitución, que establece que la Generalitat no puede actuar como representantes del Estado, actuar como firmante de tratados internacionales ni desarrollar tareas consulares. «Que alguien me diga cuándo la Generalitat hizo algunas de estas tres cosas», concluyó.
Lo mismo vale, según su argumentario, para el referéndum del 1-O. Romeva desplegó toda la doctrina legitimista sobre el derecho de autodeterminación en la que el independentismo ha apuntalado su discurso ideológico para concluir lo mismo que Junqueras y los otros dos acusados que ya han declarado hasta ahora, los exconsellers Joaquim Forn y Jordi Turull: que la celebración del referéndum, pese a haber sido prohibido explícitamente por el Tribunal Constitucional, no constituía un ilícito penal.
De ahí que no huyera para eludir la acción de la justicia, como hizo, por ejemplo, el expresident Carles Puigdemont. «No me marché porque estoy convencido de que lo que hemos hecho es lícito, es legítimo e incluso es legal».
Ni violencia ni DUI
Romeva insistió además en dos alegaciones que, estrategias procesales divergentes aparte, comparten todos los acusados. La primera, que nunca hubo violencia ni llamamientos a la población para alzarse, como defiende la fiscalía para sustentar la imputación que les hace del delito de rebelión. Y la segunda, que la intención última de todas sus actuaciones fue siempre la de forzar una negociación con el gobierno español, no la de ir más allá por la vía unilateral.
En esa línea, su explicación sobre la declaración que votó el Parlament el 27 de octubre de 2017, y que precipitó la aplicación del 155, fue intercambiable con la de Turull. Como el exconseller de Presidencia, Romeva evitó calificar el documento como una declaración unilateral de independencia pero, a la vez, también explicitar que era un simulacro, como sí hizo Forn: «Se votó una resolución sobre la independencia, y a partir de ahí reiteramos una vez más la necesidad de iniciar un proceso de negociación multilateral. Era una declaración política que lo que hacía era darnos un mandato político».
