Estas son las únicas autonomías que regulan la IA

Las únicas comunidades autónomas que han regulado o anunciado normas sobre el uso de la Inteligencia Artificial (IA) son Extremadura, Asturias y Galicia.

Extremadura es la primera de todas: en marzo del 2023 decretó una ley, cuyo propósito es establecer «el marco esencial de las medidas destinadas al apoyo, promoción, impulso y desarrollo de los sistemas de Inteligencia Artificial en la Comunidad Autónoma», como indica el texto publicado en el BOE un mes después.

El Principado de Asturias, por su parte, cuenta con el Centro de Inteligencia Artificial y el Asturias Digital Innovation Hub (AsDIH), aunque todavía no ha regulado una ley. No obstante, se tiene previsto que lo haga mediante un decreto, ya incluido en su plan normativo para este 2024.

Galicia tiene la Agencia Estatal de Supervisión Inteligencia Artificial Coruña (AESIA) y en los primeros días de este mes de mayo ya ha presentado un proyecto de ley para supervisar el uso de tecnologías disruptivas, regulando la IA basándose a partir del marco europeo.

Y aunque ninguna de estas tres regiones resalte por esta materia ni en el sector público o privado, se considera positivo en tanto se puedan utilizar estos sistemas inteligentes «en la toma de decisiones que afectan los derechos de los ciudadanos», según ha explicado Irene Díaz Rodríguez, vicerrectora de Investigación de la Universidad de Oviedo, a EFE.

Ha señalado que «todo depende de para qué se utilicen las herramientas de IA», argumentando que si un sistema de IA se usa, por ejemplo, para «concesión de una ayuda social», debe asegurarse que esta herramienta «esté libre de sesgos» y que explique «en base a qué se tomó la decisión».

Regulación en la UE

En marzo, Bruselas aprobó la primera ley de IA en el mundo, cuyo reglamento tendrá un lapso de «vacatio» hasta que esté vigente en 2026, como se tiene previsto.

Un reglamento se aplica directamente, es decir, los estados no necesitan trasponer la norma, sino implementarla directamente. No obstante, esto no impide realizar ajustes adaptativos, como el Real Decreto de 2023, creado específicamente para armonizarse con el texto europeo.

Se debate actualmente hasta qué punto es posible ejercer un control efectivo sobre esta tecnología emergente, independientemente de la escala territorial o administrativa en la que se encuentre.

Para Díaz, regular el uso de datos y la IA es complejo, recordando que cualquier tecnología se puede usar con fines buenos o malos. «La normativa europea es clara al respecto, los mecanismos de control no tanto», ha sentenciado.