Redondo pone a la Policía bajo su control para controlar a los medios

El Plan del Gobierno para combatir la desinformación vuelve a poner en la picota a Policía Nacional y a Guardia Civil, encargados en primera instancia de detectar la difusión de ‘fake news’ contra el Gobierno. La orden ministerial aprobada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) obliga a los agentes a comunicar inmediatamente cualquier hecho relevante vinculado con la desinformación al Departamento de Seguridad Nacional, un organismo dependiente de Presidencia del Gobierno que coordina Iván Redondo, responsable también de la Secretaría de Estado de Comunicación. 

Este mecanismo aprobado el pasado 6 de octubre por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) permitirá a los agentes, en primer lugar, examinar «el pluralismo de los medios de comunicación», según el Ministerio dirigido por Carmen Calvo, de quien ha partido esta orden. 

El Gobierno se ampara en «cumplir con la directiva europea» pero lo cierto es que, según ha podido saber Economía Digital, este mecanismo ya se había activado hasta en tres ocasiones recientemente y han sido Policía y Guardia Civil los responsables de detectar bulos que pudieran afectar a la Seguridad Nacional.

Malestar en la Policía 

Decenas de agentes de Policía Nacional y de Guardia Civil trabajan en la Oficina de Coordinación Cibernética (OCC) del Ministerio del Interior, que opera bajo el paraguas del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC) para detectar la difusión de noticias falsas o bulos que atenten contra el funcionamiento del Estado y puedan poner en riesgo la paz social.

La imagen del Instituto Armado ya se vio perjudicada la última vez debido a las declaraciones del General Santiago, tras asegurar en rueda de prensa que este mecanismo se utilizó a principios de la pandemia para “minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno».

La Guardia Civil tuvo que emitir un comunicado despejando cualquier tipo de sospecha y Moncloa decidió apartar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de las habituales ruedas de prensa de Moncloa para explicar el coronavirus. Algo que generó malestar en varias asociaciones de Policía. 

Este organismo fue activado por primera vez por la Secretaría de Estado de Seguridad con motivo de las elecciones generales de abril de 2019, siguiendo las recomendaciones de Bruselas para evitar la desinformación en los comicios al Parlamento Europeo que se celebraron en mayo. La segunda puesta en marcha de este instrumento se dio en las generales de noviembre, evitando posibles injerencias externas en el proceso electoral. Y el pasado marzo, coincidiendo con el decreto del estado de alarma. 

Una comisión de control

El Gobierno tomará como punto de partida el Plan de Acción contra la Desinformación de 2018 para liderar esta comisión contra la desinformación con la que podrá realizar campañas de comunicación para contrarrestar bulos. El proyecto será dirigido directamente por Redondo y Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación. 

Los otros miembros de la comisión serán el Centro Nacional de Inteligencia (dependiente del Ministerio de Defensa), el gabinete de coordinación y estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad (del departamento del Interior), la dirección general de comunicación, diplomacia pública y redes (del Ministerio de Asuntos Exteriores) y la Secretaría de Estado de Transformación Digital e Inteligencia Artificial (del Ministerio de Asuntos Económicos).

Críticas del PSOE

Tal ha sido la avalancha de críticas que desde el Gobierno y a última hora tuvieron que lanzar a los medios una nota aclaratoria donde aseguraban que «en ningún caso se vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones». Su finalidad «es evitar la injerencia extranjera en asuntos de interés nacional, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de nuestro país», reza el comunicado de Moncloa. 

La oposición no tardó en calificarlo de «Ministerio de la Verdad», en referencia a la novela de George Orwell ‘1984’. El PP registró este jueves una solicitad al Congreso pidiendo la comparecencia de la vicepresidenta primera y del asesor áulico de Sánchez en la comisión Constitucional de la Cámara Baja. 

«Sánchez saca una orden para vigilar medios y perseguir lo que su gabinete considere desinformación. Atacaban a la prensa crítica, señalaban periodistas y ahora crean un orwelliano Ministerio de la Verdad. Pedimos explicaciones en las Cortes y si no rectifican recurriremos a Europa», dijo contundente Pablo Casado a través de sus redes sociales. Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, acusó al Gobierno de coalición de «arrogarse la potestad de decidir» qué es ‘fake news’ y les emplazó a retirar la orden. 

La medida también ha cogido desprevenidos a varios dirigentes del PSOE quienes exigen «mayor claridad» al respecto y critican que esté dirigida por Moncloa y no «por un organismo independiente». «Lo primero que tenían que haber hecho es contar con las distintas asociaciones de prensa y llamar a los medios de comunicación», apunta a Economía Digital un dirigente socialista. 

«El principal peligro es que el comité sea utilizado con fines políticos. El Gobierno no puede realizar este tipo de control, debería de hacerlo un organismo independiente», sentencia un barón socialista. 

Malestar de los medios 

Los partidos no han sido los únicos en expresar su malestar. Responsables de grandes medios de comunicación también llamaron a Moncloa este jueves por la noche para informarse de la orden ministerial y advertir del revuelo generado por el Gobierno. 

El plan aprobado «prevé la participación de los medios de comunicación, plataformas digitales y la sociedad civil, entre otros actores, «como parte esencial para combatir la desinformación». Desde las asociaciones de periodistas expresan que el camino para trazar esta colaboración con el Gobierno debería ser que los medios ayudasen a erradicar estas informaciones falsas y no sean meros controladores del resto. 

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) alerta, mediante un comunicado, de que el plan del Gobierno contra la desinformación puede convertirse en censura y «los derechos fundamentales de la libertad de expresión y de información pueden quedar coartados y sometidos a un control de los poderes públicos». 

El comunicado continúa asegurando que este mecanismo «deja en manos del Gobierno de la Nación una función que debería gozar de independencia frente a los poderes públicos. El riesgo obvio es que un organismo del tipo que se propone funcione más como censor que como garante de la verdad», insisten y confían en que el Ejecutivo dé marcha atrás a este plan que ni los suyos respaldan.