¿Quién manda? Los CDR imponen sus planes ante la impotencia de ERC

A una semana del Consejo de Ministros que se celebrará el 21 de diciembre en Barcelona, los síntomas que indican que la jornada será de alto riesgo no solo no remiten, sino que se siguen acumulando.

Por un lado, la estrategia de calentamiento de las calles y los planes para boicotear la reunión ministerial empiezan a concretarse en una miríada de acciones diseñadas para paralizar Cataluña y que constituyen una apuesta altamente inflamable. Por otro, la Generalitat esgrime criterios «técnicos y policiales» para considerar poco idóneo el lugar escogido para la cita, la Llotja de Mar, sede de la Cambra de Comerç de Barcelona. Y por si fuera poco, los sindicatos de los Mossos, en pie de guerra con la Generalitat por un conflicto laboral, amagan con bajas masivas de agentes el 21-D si antes no hay un acuerdo.

Los llamados Comités de Defensa de la República (CDR), que planean bloquear puntos neurálgicos para las comunicaciones, han lanzado este jueves la convocatoria de una concentración que pretenden masiva el día 21 por la mañana frente a la sede de la Cambra, mientras que la Assemblea Nacional Catalana (ANC) planea colapsar Barcelona con una concentración de vehículos a motor, y Òmnium Cultural propone celebrar un «consejo popular de ministros» en la vía pública, en un lugar que aún no ha sido anunciado.

Toques de ERC y Torra a los CDR

El lunes, Esquerra abogaba por tratar de que el conjunto del independentismo consensuara las protestas contra la visita del Gobierno a Barcelona de forma unitaria, para asegurarse de que responden a «estrategias y objetivos comunes» y exorcizar el riesgo de que se descontrolen. Pero, por lo visto, la unidad en la protesta tiene por ahora el mismo recorrido que esa unidad estratégica por la que el independentismo clama desde hace meses mientras se desangra en cuitas internas.

La escalada de protestas, algunas de ellas violentas, organizadas en la última semana por el activismo independentista ha puesto en alerta tanto a ERC como al conjunto del gobierno de la Generalitat. El independentismo institucional no se desmarca para nada de las movilizaciones, pero advierte del riesgo de que vuelvan a derivar en episodios de violencia. Lo que está por ver es si sus llamadas a la calma llegan a tiempo o funcionan como sus llamadas a la unidad. Sea como fuere, hoy existen suficientes indicios para concluir que el independentismo institucional es incapaz de controlar a los CDR.

Así, por parte de los republicanos, el lunes, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ya advirtió a los CDR que «la república no se construye con capuchas ni con la cara tapada», y este jueves era Joan Tardà, quien, entrevistado en TVE, insistía en la idea: «La república catalana no la construiremos con pasamontañas. Tenemos claro como se debe implementar, y es por acumulación de fuerzas», dijo el portavoz de los de Oriol Junqueras en el Congreso.

No se puede atacar los cordones policiales, como se hizo, o lanzar vallas como se lanzaron», dijo Torra

La Generalitat contribuyó la semana pasada al calentamiento de los preliminares del 21-D calificando al Consejo de Ministros como «provocación», con las críticas del presidente Quim Torra a los Mossos tras las cargas de hace siete días en Girona y Terrassa y con la inacción de la policía ante los cortes y levantamientos de barreras en las autopistas, pero la fiebre ha acabado por generar una crisis en el seno del propio gobierno catalán y por disparar todas las alertas.

Hasta el propio Torra, al que una vez y otra se le recuerda y se le reprocha aquel «apretáis y hacéis bien en apretar» que le dedicó a los CDR el 1 de octubre, se vio obligado este miércoles a lanzarles un reproche a los activistas en el Parlament. «No se puede atacar los cordones policiales, como se hizo, o lanzar vallas como se lanzaron», dijo en referencia a los disturbios del jueves de la semana pasada. «Hagamos una reflexión todos juntos sobre este punto, porque nos jugamos mucho. Esto es intolerable, en cualquier país del mundo es intolerable».

De la «provocación» a discutir el emplazamiento

El discurso consensuado en el seno del gobierno catalán se centra ahora, por un lado, en insistir en que tanto derecho tiene el Gobierno a reunirse donde quiera como la ciudadanía a protestar, y en que la Generalitat trabaja para garantizar lo primero y lo segundo. Y, por otro, en cuestionar la bondad del emplazamiento escogido de forma unilateral por la Moncloa.

En esa idea insistió la portavoz del govern, Elsa Artadi, este jueves en una entrevista en Onda Cero, después de que La Vanguardia informara de que los Mossos d’Esquadra desaconsejaron celebrar la reunión del Gobierno en la sede de la Cambra.

Artadi consideró que «no es el lugar más idóneo» y esgrimió razones «técnicas» trasladadas por los mandos de la policía catalana, que entiende que el blindaje del entorno del edificio es muy compleja y además tendrá una alta afectación sobre la movilidad, por encontrarse la Llotja en pleno centro de Barcelona y muy cerca de vías de comunicación clave como la Via Laietana y la Ronda Litoral, un factor aún más relevante teniendo en cuenta que la cita se producirá el viernes en el que arranca el puente navideño.

La consellera portavoz explicó que la Generalitat propuso como alternativa celebrar la reunión de ministros en el Palacete Albéniz, residencia barcelonesa de la Casa Real, ubicada en Montjuïc, es decir, alejada del centro urbano y por tanto con un entorno más fácil de controlar, pero el Gobierno lo descartó.

Conflicto laboral con los mossos

A la complejidad del despliegue policial necesario, para el que según la delegación del Gobierno en Catalunya, ya hace días que se celebran reuniones diarias entre representantes de mossos, policía nacional y guardia civil, se le añade el conflicto laboral en el seno de la policía catalana, envenenado además por la incomodidad que en el cuerpo suscita la política policial de Torra y su gobierno.

Los mossos cortaron el miércoles la Gran Vía de Barcelona para reclamar mejoras laborales y este jueves practicaron cortes también en la avenida Diagonal, la calle Aragón y en el Paseo Sant Joan a la altura de la consellería de Interior mientras sus representantes sindicales negociaban dentro de la misma con los representantes del govern, abocados ahora a unas conversaciones que el contexto ha convertido en angustiosas.

Un refuerzo policial de 1.100 agentes

Con semejante cóctel explosivo sobre la mesa, el Gobierno mantiene intactos sus planes de desplazar un nutrido contingente de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil a Cataluña, una opción que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, planteó el lunes en el requerimiento que envió al conseller de Interior, Miquel Buch, conminándole a que los Mossos cumplan con sus funciones y se garantice la seguridad del Consejo de Ministros.

El miércoles, la vicepresidenta, Carmen Calvo, dio por buena la respuesta de la Generalitat a la carta de Grande-Marlaska y las que también le habían remitido ella misma y el ministro de Fomento, José Luís Ábalos, pero pese a ello, Sánchez insistió en el Congreso en la opción de enviar agentes a Barcelona para blindar la cita.

Según fuentes de Interior citadas por EFE, la previsión es desplazar alrededor de 1.100 efectivos. Por un lado, ocho grupos de Unidades de Intervención Policial (UIP) y cuatro más de Unidades de Prevención y Respuesta (UPR) que suman un total de 600 agentes antidisturbios y, por otro, medio millar de guardias civiles que se sumarían a los que ya están destinados en Cataluña.