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El acuerdo Sánchez-Puigdemont afea al Estado no haber permitido el referéndum en Cataluña y se abre a negociarlo
Los socialistas y los nacionalistas catalanes dan a conocer los distintos puntos del acuerdo alcanzados para reeditar el gobierno de coalición encabezado por Pedro Sánchez
Tras semanas enfrascados en las negociaciones para garantizar la investidura del candidato socialista a liderar el Ejecutivo, Pedro Sánchez, el PSOE y Junts han firmado un acuerdo. Así lo han dado a conocer los dos partidos, que, en los últimos días, habían encallado a causa de algunos puntos por el alcance de la ley de la amnistía.
Finalmente, las negociaciones entre los socialistas y los nacionalistas catalanes han llegado a buen puerto, lo que se ha materializado en la firma del pacto entre los dos partidos.
En el texto que firmaron Santos Cerdán por el PSOE y Jordi Turull por Junts se describe el freno del Tribunal Constitucional al Estatuto de Cataluña en 2019, las movilizaciones y las mayorías absolutas del independentismo en el Parlament desde 2015.
«En ese período se aprobaron diferentes propuestas por parte del Parlament y el Govern en material fiscal, así como la solicitud de delegación de la competencia para la autorización de referendos o la organización de una consulta al amparo de una ley autonómica», precisa el acuerdo en el apartado de antecedentes.
«Lamentablemente, los gobiernos de entonces no favorecieron la negociación política y ninguna de estas propuestas hechas desde la lealtad y el marco legal vigente, fue considerada», agrega.
Mediador internacional
El primer punto del acuerdo entre PSOE y Junts hace alusión a la «metodología de la negociación». Las dos formaciones han acordado impulsar un «mecanismo de acompañamiento, verificación y seguimiento» internacional para avanzar en las conversaciones entre ambas partes.
«En ese espacio se negociará, se acordará y se abordarán los disensos, así como las disfunciones que surjan en el desarrollo de los acuerdos», destaca el documento.
Más autogobierno y el referéndum
A la vez, ahonda en los temas que deberán abordarse durante esta negociación. Por un lado, uno de los asuntos a tratar no será otro que la superación de los déficits y limitaciones del autogobierno. Por otro lado, dice que se deberá abordar el reconocimiento nacional de Cataluña.
Para ello, se llevará a cabo una primera reunión en noviembre, en la que los nacionalistas catalanes propondrán la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de la región, amparado en el artículo 92 de la Constitución.
Por su parte, los socialistas defenderán el desarrollo del Estatut de 2006, así como el respeto a las instituciones del autogobierno y a la «singularidad institucional, cultural y lingüística» de Cataluña.
En relación con el autogobierno, Junts sugerirá una modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Concretamente, trabajará por que se fije una cláusula de excepción que reconozca la singularidad del sistema institucional de la Generalitat de Catalunya y facilite la cesión integral de todos los impuestos que se pagan en la comunidad autónoma.
Además de medidas que permitan la autonomía financiera, el acceso del mercado de Cataluña y el diálogo sobre el actual modelo de financiación, los socialistas se proponen impulsar un plan para facilitar y promover el regreso a la región de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años, según incide el documento.
Ley de amnistía
Sin embargo, uno de los puntos más importantes es el que tiene que ver con la ley de amnistía, a la que el texto se refiere como «imprescindible». La normativa, según concreta, incluirá «tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos».
El documento también hace hincapié en que las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura habrán de tener en cuenta la aplicación de la normativa «que puedan derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».
Apoyo a la investidura
Otro de los puntos que deja bien claro el texto hace referencia al apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, por lo que todos los diputados de Junts habrán de votar de forma favorable. Sin embargo, se concreta que la estabilidad de la legislatura estará sujeta a «los avances y el cumplimiento» de los acuerdos mencionados.