El fiscal critica la «falta de argumentos» del juez García Castellón para acusar a Puigdemont de terrorismo
Miguel Ángel Carballo, fiscal del caso Tsunami Democràtic, asegura que la acusación de terrorismo al expresidente catalán es "totalmente injustificada" y que está plagado de "flagrantes contradicciones"
El fiscal del ‘caso Tsunami Democràtic’ que se investiga en la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha remitido un escrito en el que destaca las «contradicciones» en la instrucción realizada por el juez Manuel García Castellón y critica con dureza la «falta de argumentos» del magistrado a la hora de atribuir al expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont; a la secretaria general de ERC, Marta Rovira; y al parlamentario autonómico Rubén Wagensberg, un delito de terrorismo.
El escrito está firmado por el fiscal Carballo, un miembro de la carrera con probada experiencia y de perfil conservador, que sigue sin ver delito de terrorismo en esta causa. El representante del Ministerio Público cree, sin embargo, que los miembros de los CDR investigados en otra causa sí que pudieron incurrir en ese tipo de delito y pide para ellos 27 años de prisión.
Carballo, además, fue el fiscal que en 2017 solicitó la detención de Puigdemont y de los consellers que huyeron a Bélgica y fue también el que pidió prisión preventiva para Oriol Junqueras y el resto de miembros del Ejecutivo catalán después del referéndum del 1-O.
Según el escrito al que tuvo acceso Servimedia, la instrucción del juez García Castellón adolece de «falta de argumentos» que justifiquen la atribución a Puigdemont de actuaciones de «matiz terrorista», por lo que considera «totalmente injustificada e inmotivada» a exposición razonada que el juez trasladó al Tribunal Supremo para que asuma la investigación sobre Tsunami Democràtic, al afectar a varios aforados.
El fiscal Carballo critica a García Castellón por cometer «flagrantes contradicciones» y considera «totalmente injustificada e inmotivada» la exposición razonada enviada al Tribunal Supremo para que asuma el caso Tsunami Democràtic e impute por terrorismo a Puigdemont
Tras cuatro años de investigación, el juez García Castellón imputó un delito de terrorismo al expresidente Puigdemont, que no estaba siendo investigado en esa causa. Según el juez, Puigdemont tendría una posición de «autoridad» dentro de Tsunami que basa en conversaciones con personas de su entorno y vincula a actuación de esta organización con los altercados en el Aeropuerto de El Prat, la muerte de un ciudadano francés de un infarto durante las protestas y las lesiones que sufrieron algunos mossos durante los enfrentamientos.
El fiscal insiste en que estos hechos constituyen «cuando menos» un delito de «desórdenes públicos graves», señalando que los últimos autos del juez no aportan nuevos datos sobre lo sucedido ni demuestran la implicación de Puigdemont en unos hechos que se produjeron cuando llevaba más de dos años fuera de España.
El escrito asegura que «las diligencias se han centrado en investigar, o acreditar más bien, las consecuencias de los actos de desorden público llevados a cabo en Cataluña a finales de 2019 por diversos colectivos y por varias personas, pero no ha incidido ninguna de las diligencias acordadas, ni practicadas, en la responsabilidad supuesta de los aforados. Es más, ha extendido la práctica de diligencias a la acreditación de hechos que ni siquiera se recogen en los informes de inteligencia de la Guardia Civil, llevando a cabo una amplitud del objeto del procedimiento carente de justificación».
Carballo arremete contra García-Castellón por haber seguido practicando diligencias sin esperar a la resolución de los recursos e incurriendo en «contradicción» entre «resoluciones próximas en el tiempo», que han tendido como consecuencia la «prolongación artificiosa» de la instrucción.
Llega a criticar que el juez confunde a Tsunami con los CDR, en cuya actuación, la Fiscalía sí que aprecia la comisión de delitos de terrorismo. Carballo señala que «se trata de entidades o actuaciones absolutamente diferentes» y señala como «relevante» que los informes de la Guardia Civil indican el interés de Tsunami en «contactar y contar con la actuación de los CDR», lo que evidencia que son organizaciones distintas.