Puigdemont pide al Constitucional que retire la orden de arresto
El exvicepresidente catalán solicita la suspensión de las órdenes emitidas por el juez Pablo Llarena, lo que le permitiría volver a España sin ser detenido
El expresidente catalán, Carles Puigdemont, junto al exconsejero de Salud, Toni Comín, en una imagen de archivo. EFE
Carles Puigdemont y Toni Comín han solicitado este miércoles al Tribunal Constitucional que suspenda de forma inmediata las órdenes de búsqueda y captura emitidas por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en octubre de 2017. El expresidente de la Generalitat y su exconsejero de Salud piden la retirada amparándose en su condición de eurodiputados, reconocida a finales de diciembre por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y posteriormente por el Parlamento Europeo.
De concederles su petición, esta permitiría que tanto Puigdemont como Comín pudieran regresar a España sin ser detenidos. Ambos políticos han presentado un recurso conjunto al que ha tenido acceso la agencia Efe contra el auto de la Sala de lo Penal que, pide, de la negativa a Llarena para dejar sin efecto las órdenes de detención de ambos políticos.
En el escrito, ambos políticos sostienen que Llarena vulneró derechos como el de acceder en igualdad de condiciones a un cargo público o la libertad para salir y entrar de España libremente. Puigdemont y Comín argumentan una «situación de anomalía democrática» por parte del Tribunal Supremo y se refieren al «absoluto desprecio» ante la inmunidad que reconocen las instituciones europeas.
A su juicio, es «inexcusable» el levantamiento de las órdenes desde el momento en que ambos fueron declarados como europarlamentarios, esto es, desde el 13 de junio del pasado año, dos semanas después de las elecciones europeas del 26 de mayo. En este sentido, sostienen que solo se podrían mantener en vigor si el Supremo obtuviera el suplicatorio por parte del Parlamento Europeo.
Además, Puigdemont y Comín argumentan que la inmunidad que concede la condición de diputado europeo garantiza la libertad de movimientos de los mismos, y señalan un «vínculo» entre parlamentarios y representados que, indican, es «absolutamente incompatible» con la detención y encarcelamiento de ambos políticos.
«Trato desigual» por parte del Supremo
El expresidente catalán y el exconsejero critican el haber recibido un «trato desigual» respecto al resto de condenados en el juicio del procés, de los que nueve aún permanecen en las prisiones de Lledoners (Barcelona) y Puig de les Basses (Girona) acusados de delitos de sedición y malversación de caudales públicos. Estos políticos se enfrentan a penas de entre 9 y 13 años de cárcel, siendo la máxima condena la impuesta al exvicepresidente de la Generalitat durante el mandato de Puigdemont, Oriol Junqueras.
La defensa ha indicado que tanto Llarena como la Sala del tribunal de garantías se negaron a elevar una cuestión prejudicial al TJUE -tal y como solicitaba el expresident catalán- de forma «arbitraria e irrazonable», y consideran que el TJUE sí optó por preguntar acerca de la situación del resto de políticos independentistas encarcelados.
El escrito denuncia de esta forma que el Constitucional debió preguntar también sobre Puigdemont y Comín, y señalan que la negativa de la Sala incumplió con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
