Puigdemont desvió 4,1 M para el 1-O (según el Tribunal de Cuentas)
El Tribunal de Cuentas comunica a los abogados de Puigdemont y Junqueras la reclamación por el desvío de fondos públicos para el referéndum del 1-O
Carles Puigdemont y Toni Comín en el primer pleno de la Eurocámara como europarlamentarios. Foto: Efe
El Tribunal de Cuentas reclama 4,14 millones de euros a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y a otros 27 altos cargos de su gobierno por el desvió de fondos públicos para financiar el referéndum del 1 de octubre (1-O) de 2017.
La factura que el Trubunal de Cuentas reclama a los promotores del 1-O se eleva a 4,1 millones de euros, según se comunicó este martes a las defensas de los miembros del gobierno de Puigdemont, tal como avanzó RAC1.
El tribunal de Cuentas entregó a los abogados de los dirigentes independentistas la liquidación provisional por los gastos del referéndum, que tiraron adelante pese a la prohibición expresa del Tribunal Constitucional.
Si los acusados no avalan solidariamente el importe reclamado, el Tribunal de Cuentas puede tramitar el embargo de bienes de los acusados.
Repetición del caso del 9-N
Se repite la historia del 9-N. En este caso, el Tribunal de Cuentas embargó los bienes de Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, aunque estos depositaron posteriormente los importes a los que fueron condenados.
El Tribunal Supremo condenó a Junqueras y a otros siete acusados por malversación de fondos públicos. Puigdemont no fue juzgado porque huyó de la acción de la justicia. Su inmunidad como eurodiputado no le protege de la acción del Tribunal de Cuentas.
En la sentencia firmada por el Supremo, el tribunal que presidió Manuel Marchana, no se fijó el importe de la malversación, ya que de esto se encargará el Tribunal de Cuentas en otro juicio.
El importe de 4,1 millones de euros es provisional. El definitivo se fijará en la sentencia posterior al juicio. De ser necesario, entonces se adoptarán las medidas cautelares necesarias para exigir el pago.
Este proceso se inició a instancias de Societat Civil Catalana y de Abogados Catalanes por la Constitución. Además de los fondos públicos desviados por el gobierno de Puigdemont, también intentan que se les reclamen los costes de la Operación Copérnico, por la que se enviaron miles de agentes de la Policía nacional y de la Guardia Civil a Cataluña con motivo del 1-O. El Ministerio del Interior calculó el coste en cerca de 87 millones de euros.
