Puigdemont asume que Cataluña no podrá hacer nada
El presidente catalán enfría a los soberanistas, al señalar que el referéndum sólo podrá ser pactado, mientras el Gobierno le ignora, y la CUP le pide que desobedezca de una vez
El movimiento independentista considera que la Diada fue un éxito, pero sus principales dirigentes no saben cómo traducirlo en una salida viable para Cataluña. El bloqueo es total. Hasta el punto de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, asumió este lunes que Cataluña no podrá hacer nada. Primero, porque él mismo se niega a convocar un referéndum soberanista que no sea pactado con el Gobierno español. Y, segundo, porque ante la negativa del Gobierno del PP, pero también del PSOE, Puigdemont no desea iniciar un proceso de desobediencia que complique más las cosas.
Puigdemont está atrapado, pero, oficialmente, todo sigue adelante. El parlamento catalán tiene el mandato de elaborar hasta tres leyes de «desconexión», que deberían estar listas antes de julio de 2017. En ese momento, el mandatario catalán tiene previsto convocar unas elecciones constituyentes –que en realidad serán unas elecciones ordinarias al Parlament de Cataluña–, y que podrían comportar una suspensión de la autonomía. Ese plan lo pararía si en los próximos meses el Gobierno central aprobara esa consulta legal y acordada.
El Gobierno del PP lo rechaza
En realidad, Puigdemont está pensando en los dirigentes del PSOE, y en la posibilidad de una alternativa al PP, con la idea de que se incorpore Podemos, la única fuerza política en España que se ha pronunciado públicamente a favor de la consulta. Pero los socialistas no están en condiciones de asumir ese reto. El partido se podría romper en dos. Y la viabilidad de esa opción es prácticamente nula.
Lo que valora el Gobierno del PP, además, es que el movimiento independentista se encuentra bloqueado. Sigue siendo importante, pero no crece. Y a eso se acogen sus principales dirigentes, desde Catalá, Sáenz de Santamaría hasta Margallo para mantener sus tesis.
La CUP y la desobediencia
La presión a Puigdemont, además, llega de su socio parlamentario. Aunque ha negociado con claridad con la CUP y el presidente catalán tiene atado su apoyo en la cuestión de confianza –se prevé que también haya acuerdo en los presupuestos de 2017– los diputados anticapitalistas reclaman que se fuerce ese referéndum, que no espere a tener el aval del Estado, porque no lo tendrá.
La presidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya, aseguró que se trata de «voluntad política», y que se debe seguir la hoja de ruta. «La factibilidad depende del grado de desobediencia y de cómo se haga el referéndum», añadió, con el argumento de que se debe obedecer a la «legalidad catalana del Parlament».
Pero ni Puigdemont, ni otros dirigentes de Convergència, como el ex presidente Artur Mas, quieren emular lo sucedido con la consulta del 9N. Ya se hizo, considera Mas.
Por tanto, el bloqueo es total, aunque se quiera seguir adelante. En gran medida dependerá del empuje de Esquerra Republicana, de hasta dónde pretende llegar. La consulta se deberá convocar «lo antes posible», señaló su presidente y vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. Pero ahí se quedó, aunque Esquerra sigue jugando, a medio plazo, a conformar un tripartito de izquierdas, como se dibujó –pese a las diferencias– en el acto de Sant Boi del pasado viernes.
