El gobierno catalán corre hacia la suspensión de la autonomía

El ex presidente, Artur Mas, al que habían confiado la suerte del proceso los sectores económicos de forma desencantada, ni puede ya pararlo ni está en disposición de hacerlo, porque viaja a galope del independentismo, con salidas airadas como las de esta semana.

Determinados pro hombres de las grandes empresas catalanas aseguraban que si estaba Mas al frente –durante el proceso de los últimos años– lo acabaría controlando y que el objetivo final era una negociación con el Gobierno del Estado. Sólo desde la presión, desde la convicción en un determinado proyecto se podía lograr que el Gobierno se sentara en la mesa. Esa era la idea.

Pero ha resultado un error. Mas sigue en el ‘back office’ del nuevo partido, el Partit Democràta Català (PDC), pero la nueva dirección es netamente independentista. Lo son Marta Pascal y David Bonheví, pero también todos los alcaldes –de pequeñas localidades de fuera de Barcelona y del área metropolitana– que forman parte de la ejecutiva. Y el plan es ir «hasta el final».

Referéndum, como sea

¿Qué significa ese final? Puigdemont necesita pasar esa cuestión de confianza del 28 de septiembre. Todo está, en gran parte, en manos de Oriol Junqueras, el vicepresidente de la Generalitat, y líder de Esquerra Republicana. Él debe negociar el presupuesto de 2017 con la CUP. Junqueras valora qué le puede interesar más a su partido, si convencer a la CUP –tiene una mejor relación que los ex convergentes, aunque los nuevos del PDC también buscan sus parabienes– y ganar tiempo, o provocar unas nuevas elecciones para ganarlas abiertamente.

Pero lo que prima en estos momentos, pese a lo que le gustaría al mundo empresarial, que ha virado hacia Esquerra para saber si puede o no defender sus intereses en Madrid, tras la pérdida de Convergència del grupo propio– es el proceso independentista.

Constituyente

Junqueras, por tanto, está con Puigdemont y con la CUP para cumplir el guión, como se ha visto con la votación en el Parlament sobre las conclusiones de la comisión del proceso constituyente que anuló el Tribunal Constitucional. El propósito es ir aprobando las llamadas «leyes de la desconexión», que, sin tener mucho contenido, como la ley de la seguridad social catalana, sí se perciban como pequeñas estructuras de estado con las que justificar un referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña, que incorpore el carácter de constituyente.

Las diferencias entre Junts pel Sí y la CUP es que ese referéndum sobre la independencia se debería convocar antes, según los anticapitalistas. Pero no es un motivo de ruptura de la coalición.

El nuevo partido que sustituye a Convergència no puede ni quiere mirar hacia atrás. Ya ha dado el paso. Se acaba de declarar, en el congreso de constitución, como republicano e independentisa, y socialdemócrata. Y quiere cumplir la hoja de ruta.

Fuentes del partido señalan que se podría esperar, cuando se convoque ese referéndum –que legalmente, para el Gobierno central sólo serían unas elecciones autonómicas– el plan alternativo que se propone. Pero para otros dirigentes consultados, no hay nada que se pueda ya negociar, como ha formulado el propio Puigdemont.

¿Quién llena el hueco de CDC?

Eso abre un enorme hueco en la política catalana, que algunos ex convergentes tratan de dotar de contenido. Lo pidió abiertamente a través de Economía Digital el presidente de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, al pedir «un retorno del catalanismo». Ex dirigentes como Antoni Fernández Teixidó, defienden ese espacio, para recuperar la capacidad de negociación y de diálogo con los gobiernos centrales, y para defender los intereses de las clases medias catalanas, que, aunque se hayan decantado, en parte, hacia el soberanismo, no desean que se mantenga una hoja de ruta soberanista totalmente incierta.

El movimiento soberanista, aunque es consciente de que no es todavía mayoritario, calienta motores para la Diada del 11 de septiembre. El 19 de septiembre, Francesc Homs está llamado a declarar ante el Tribunal Supremo por la causa sobre el 9N. Luego llegará el 28 de septiembre, con el debate de la moción de confianza en el parlamento. Y las negociaciones para el presupuesto de 2017. Pero hacia la primavera, «sea como sea», se quiere convocar un referéndum vinculante, y organizado, sin ninguna ambigüedad, por el gobierno catalán, y esperar a que las instituciones del estado se atrevan a aplicar el artículo 155 de la Constitución que pasa por la suspensión de la autonomía.

Todo corre hacia esa dirección, sin que nadie pueda pararlo, políticamente, por ahora, ni en Cataluña ni en el conjunto de España. Comienza el vértigo, en pleno agosto.