Puigdemont, abierto a que el Supremo consulte al TJUE por amnistiar el terrorismo
Matiza que es algo ya "aclarado" y que no se puede invocar una directiva para agravar la responsabilidad penal de los inculpados
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. EFE/David Borrat.
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El expresidente catalán, Carles Puigdemont, ha indicado este martes a la magistrada que instruye el caso ‘Tsunami’ en el Tribunal Supremo que no se opone a que eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si se puede aplicar la ley de amnistía a delitos de terrorismo investigados, pero ha incidido en que «no se puede invocar una directiva europea para agravar la responsabilidad penal de los inculpados en un procedimiento penal».
En un escrito de su abogado, Gonzalo Boye, recogido por EuropaPress, resalta que «una directiva, por sí sola y sin la implementación de una ley interna, no puede crear ni agravar la responsabilidad penal de los individuos«. Responde así a la petición de la magistrada Susana Polo que solicitó a las partes que se posicionaran sobre esa posibilidad la semana pasada.
No obstante, y dado que este mismo lunes el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordó archivar la causa ‘Tsunami’ para 10 investigados después de que la Sala de lo Penal invalidara todo lo instruido desde el 29 de julio de 2021, Polo debe ahora decidir si sigue los mismos pasos habida cuenta de que los indicios que implicaban a Puigdemont y al parlamentario Ruben Wagensberg derivaban de un informe de la Guardia Civil de 2023.
Con todo, Boye responde a la solicitud de Polo para posicionarse sobre la cuestión prejudicial, y subraya que todo parte del «desconocimiento del derecho de la Unión que reflejan las solicitudes de las acusaciones populares».
La pregunta de Polo
Fue el pasado viernes 5 de julio cuando Polo preguntó a la Fiscalía y a la defensa del expresidente catalán si veían procedente consultar al TJUE por la amnistía al terrorismo.
En concreto, la jueza daba un plazo común de tres días a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado, a la acusación popular que ejercen dos policías y a las defensas de Puigdemont y del diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg para que se pronunciaran sobre si procede plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE en relación con la ley de amnistía, a la vista de lo solicitado por acusaciones populares personadas en la causa.
En una providencia, la jueza explicaba que las acusaciones populares habían solicitado el planteamiento de la cuestión prejudicial en relación a la ley de amnistía ante las dudas surgidas sobre la incompatibilidad de la misma en materia de terrorismo con el derecho de la Unión Europea.
