PSOE y Podemos piensan que Casa Real tiene que «dar la cara»
El Gobierno podría modificar la Constitución o desarrollar el Estatuto de la Corona para regular derechos y deberes de la Monarquía
El Rey Emérito regulariza su situación fiscal y no se habla de otra cosa en el Congreso de los Diputados. Mientras Unidas Podemos ‘tira la piedra’ viendo a la Corona «a riesgo de implosionar», en el PSOE esconden la mano y consideran en voz baja que Casa Real debería «defenderse» de los ataques contra la institución.
Lo advirtió la ministra portavoz, María Jesús Montero: «Le corresponde a la Casa Real pronunciarse en las materias que tienen que ver con el rey Emérito o en cuestiones relacionadas con investigaciones que se pudieran estar haciendo a personas de la Familia Real».
Le siguió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al comentar en una entrevista en Informativos Telecinco: «Tiene que ser la Casa Real quien comunique su parecer sobre una eventual vuelta del Rey Juan Carlos«.
Fuentes gubernamentales admiten que este año «el Rey no lo tiene nada fácil con su discurso» y opinan, en privado, que «debería dar la cara», «defenderse» de los ataques proferidos contra la Corona, entre otros por su socio de Gobierno. Como si de ‘poli bueno’ y ‘poli malo’ se tratase, mientras los socialistas callan, Podemos se despacha a gusto.
Monarquía Vs República
El diputado Rafa Mayoral aseguró este jueves que es «difícil mantener» que la Monarquía como institución se encuentra al margen de la «vergüenza internacional» derivada sobre las actividades del Rey Emérito, que además se encuentra «escondido en una Monarquía absolutista», en alusión a Emiratos Árabes. Sobre todo cuando existen «grave indicios» de la actuación personal de Juan Carlos I, que «ponen en solfa» a la propia Corona que tiene una «grave crisis de materiales».
El diputado de Podemos volvió a insistir en el viejo debate sobre Monarquía o República asegurando que «no puede haber espacios para la impunidad» en la arquitectura institucional del país, pues el principio de inviolabilidad del Rey en la Constitución parece «amparar» conductas que para el resto de ciudadanos son delictivas.
El dirigente cerró su discurso considerando que tanto Felipe VI como Juan Carlos I deberían de dar una rueda de prensa para explicar todo lo acontecido.
El verdadero transfondo
Sin embargo, el manido debate que quiere volver a instaurar Podemos en la calle (Monarquía-República) no es el verdadero transfondo de la cuestión. Según ha podido saber Economía Digital, diputados de distintos partidos en la Cámara Baja estarían hablando de una posible regulación de la Monarquía para proteger a la institución y al monarca.
El primero que ha hecho declaraciones públicas al respecto ha sido el líder gallego Alberto Núñez Feijóo. El presidente de la Xunta se mostró este jueves favorable a una regulación de la Corona para «ordenar y transparentar las cosas», especialmente en lo que tiene que ver con las «instituciones medulares» españolas, señaló en una entrevista en Antena Tres.
«No es un mal planteamiento», reconoció Feijóo con un Gobierno equivocado, según el gallego. Feijóo dudó de que este Gobierno sea el «adecuado» para acometer esta reforma, puesto que «al menos la mitad pretende derrocar la Monarquía Constitucional». «No parece el Gobierno más objetivo y más neutral que hayamos podido tener con la institución de la Corona», recalcó.
Las dos vías del Gobierno
Fuentes de Moncloa descartan que el Gobierno esté pensando en regular la Monarquía, pero no descartan en que a la institución se le podría facilitar mayor transparencia. ¿Cómo? Economía Digital ha consultado con expertos en Derecho Constitucional y las dos soluciones que contemplan se centran en: una reforma constitucional o en desarrollar el estatuto de la Corona.
Los expertos consultados descartan de primeras una comparecencia expresa del monarca, como solicita Unidas Podemos. «No tiene encaje constitucional en nuestro modelo una ley para que el Rey rinda cuentas ante el Parlamento. La persona del Rey, como la de cualquier Jefe de Estado, monárquico o republicano, es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. El refrendo de un acto real produce un traslado de la responsabilidad hacia el Gobierno que es quien, por mandato constitucional, responde ante el Parlamento de los actos del Rey», expone el reconocido jurista Virgilio Zapatero.
«Una situación tan nueva, sin normas claras ni precedentes, es siempre difícil de gestionar para cualquier Gobierno. Las dificultades se incrementan cuando quien tiene que gestionarlo es un gobierno de coalición. Pero el Gobierno, sea monocolor o de coalición, responde solidariamente ante el Parlamento. Dado, pues, el carácter solidario de su responsabilidad, todos los miembros del Gobierno, al margen de sus adscripciones ideológicas, tienen la obligación de asumir aquellos actos del Rey que hayan sido refrendados y de defender la Monarquía parlamentaria mientras formen parte del Ejecutivo», sentencia Zapatero.
Los expertos consultados descartan tajantemente que, con la crisis que tenemos encima, se pueda modificar el Título II de la Constitución (sobre la Corona) porque ello implicaría recurrir al procedimiento agravado de reforma, con disolución de las Cortes, elecciones generales y posterior referéndum. Un extremo que, a la vista del actual panorama político, parece a todas luces improbable.
Lo consecuente, según algunos miembros de la carrera judicial consultados, sería acordar el desarrollo del artículo 57.2 de la Constitución donde ya se delimitan las funciones del Rey y del heredero o heredera, entre otros asuntos. Los juristas advierten que en tanto no se desarrolle el artículo 57 de la Constitución, habrá que acudir al significado de la Monarquía parlamentaria para integrar las eventuales lagunas constitucionales.
El debate dentro de este ámbito también se centra en si crear una norma específica que regule estos aspectos o la Casa Real implica una reforma seria y con mayoría absoluta de las Cámaras para reformar la Carta Magna.
Por otra parte, también se encuentra el desarrollo del Estatuto de la Corona, pendiente desde 1978, para aclarar derechos y deberes de la Casa Real. «Habrá que regular con el debido rango y no con un simple acuerdo de la Casa del Rey una serie de obligaciones que acoten su actuación. Sin normas, la inviolabilidad se convierte en un peligro, como ya hemos visto», resumen los expertos consultados.
