PSOE y Podemos culminarán en febrero la reforma del Poder Judicial

Una reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a toda prisa. Eso es lo que busca el Gobierno de coalición tras solicitar a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que habilite enero para tramitar con urgencia la medida que limita las competencias de los jueces.

Así, la reforma podría aprobarse en febrero y desde ese día prohibir a Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, realizar nuevos nombramientos que actualicen la cúpula judicial. 

El Gobierno de coalición quiere imitar su aprobación de la ‘Ley Celaá’, de forma exprés y sin consultar a la parte interesada, en este caso a los jueces.

El jueves pasado, el órgano de gobierno de los magistrados celebró uno de sus plenos más tensos. Una gran mayoría de vocales del Consejo tachó de inconstitucional la medida y reclaman ser consultados. 

El Ejecutivo de coalición se ampara en que, según la interpretación del artículo 561.1 de la LOPJ, el «Gobierno tiene la obligación de someter sus anteproyectos al informe del pleno de este CGPJ, mientras que para las proposiciones de ley presentadas en las Cortes Generales por los grupos parlamentarios la solicitud de ese informe no es obligatoria, sino sólo posible». 

Podemos presiona para cambiar la mayoría 

Unidas Podemos va más allá y amenaza ahora con activar la ley que permite la renovación con mayoría absoluta y no por tres quintos. Se trata de la primera proposición que los morados junto a los socialistas aprobaron para presionar al PP y obligarle a pactar. 

La ‘trampa’ del partido de Pablo Iglesias se centra en aprobar este segundo decreto para eliminar a los populares de la ecuación y renovar el CGPJ en segunda vuelta gracias al apoyo de sus socios de investidura.

De esta manera, los morados ostentarían más poder con jueces afínes a su formación, a ERC y al PNV dentro del órgano judicial. La formación morada sopesa utilizar la reforma para abrir una nueva vía de presión a los socialistas.

Un giro que no aprueban muchos en el PSOE, que ahora admiten en privado que ese primer decreto fue para presionar al principal partido de la oposición, el PP.

Sin embargo, siguen esperando a que los populares se decidan a hacer público el acuerdo. Un acuerdo que podría llegar, según fuentes parlamentarias, tras las elecciones catalanas, el 14 de febrero. 

El PNV se descuelga y pide que se escuche a los jueces 

Sin duda, la sorpresa esta semana la ha dado el PNV. Los nacionalistas se descuelgan del Ejecutivo de coalición y piden ahora que se escuche a los magistrados sobre la reforma del CGPJ, que tanto les afecta. 

La formación vasca reclama al Gobierno que solicite los informes a los órganos consultivos e instituciones afectadas para escuchar a los expertos sobre la materia, antes de reformar nada.

Los de Ortuzar muestran cierta suspicacia con la reforma, al igual que ERC, porque piensan que en cuanto haya un cambio de Gobierno, la mayoría la ostentarían los populares y sería contraproducente para los intereses, tanto de unos como de otros. 

La presión del PNV podría obligar al Gobierno a aceptar estos informes consultivos. Según ha podido saber Economía Digital, algunos ministros de la parte socialista del Gobierno tampoco verían con buenos ojos que no se preguntase al principal órgano de los jueces por esta reforma e insisten en que «sería bueno» consultarlos y llamar a expertos a las distintas comisiones que se formen estos meses para sacar adelante la reforma en la Cámara Baja. 

El PP se planta y pide desestimar la vía de urgencia

Los populares no se han quedado parados, ante la petición de PSOE y Podemos de habilitar enero para aprobar esta reforma a toda prisa. La portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha enviado un escrito a la Mesa pidiendo desestimar la vía de urgencia en la reforma del CGPJ. 

Según la dirigente, esta maniobra del Gobierno supone «restar a la Cámara tiempo de debate y capacidad de análisis y enmienda de un texto legislativo, limitándose las posibilidades de participación en el procedimiento legislativo de los grupos políticos de la oposición». 

En su escrito, Gamarra asegura que los procedimientos legislativos ordinarios no son «trámites diletantes ni superfluos sino de garantías de la misma democracia, con una importante función de protección de las minorías».

Según ha podido saber Economía Digital, la Mesa del Congreso está reunida en estos momentos decidiendo si paralizar la petición del Ejecutivo o dar luz verde a la habilitación de enero para sacar cuanto antes la reforma del Poder Judicial. 

Este órgano está controlado por PSOE y Unidas Podemos, que cuentan con seis de los nueve cargos del mismo. Pero la decisión que adopten y su argumentación engrosarán los recursos de inconstitucionalidad que la bancada conservadora ya analiza presentar contra la reforma, advierten desde PP y Vox. 

Los jueces se plantean ir a la UE 

Tres de las cuatro principales asociaciones judiciales, Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y a Foro Judicial Independiente (FJI), entregaron el pasado viernes al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, un documento en el que recogían 20.000 firmas para cambiar el actual modelo de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

La determinación de estos jueces es tal que están dispuestos a llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si Justicia no accede a sus peticiones, según fuentes presentes en la reunión. 

Las asociaciones reclaman, asimismo, que se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y que todos los jueces españoles puedan votar a 12 de los 20 vocales de este órgano. Unas propuestas que van justamente en sentido contrario a la norma que pretenden aprobar los socialistas «cuanto antes». 

Desde las tres asociaciones recordaron al ministro Campo la petición del Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, que una y otra vez insiste a España en que debemos despolitizar el actual sistema de designación del CGPJ para permitir que los jueces participen en la elección de al menos la mitad de nuestro propio órgano de gobierno, que no puede ser ni parecer independiente mientras siga dependiendo única y exclusivamente de repartos políticos entre dos o más partidos. 

Estos grupos trasladaron también al titular de Justicia la «preocupación» que existe entre los magistrados por «la deriva que estamos apreciando por parte de determinados reponsables políticos». Entienden, por sus discursos, que no creen en la separación de poderes y «eso es muy grave en nuestra democracia», señalan. 

Una «intromisión del Gobierno»

Las espadas siguen más en alto que nunca hasta el punto que la Asociación Profesional de Magistratura (APM) denuncia una «auténtica intromisión del Gobierno» en la reforma del CGPJ.

Su portavoz, María Jesús del Barco, sostuvo que el CGPJ debe seguir actuando mientras no se produzca su renovación y denuncia que «la reforma que se pretende por parte de Unidas Podemos y PSOE, en definitiva por el Gobierno, es vaciar de contenido a las funciones» de este órgano.

Cree que su intención es «evitar que el consejo que haga nombramientos, una vez mas obviando la separación de poderes y obviando el respeto a la independencia judicial» porque, según explicó, «debe entender que estos nombramientos no le favorecen».

Por ello, recalcó que «supone una autentica intromisión del Ejecutivo y Legislativo en el poder Judicial», por lo que desde la AMP no pueden «hacer otra cosa que rechazar esta reforma».

Asimismo, emplazó a los políticos a alcanzar la mayoría de 3/5, «mientras tanto, su incompetencia o incapacidad para llegar a un acuerdo no la trasladen a un órgano constitucional e independiente de su actividad política», declaró.