De Koldo a los ERE…los casos judiciales más sonados del PSOE en los últimos años

A lo largo de su historia el PSOE ha sido protagonistas de diferentes casos judiciales, varios de ellos relacionados por tramas de corrupción, mientras que en otros no han ido más allá de acusaciones y denuncias que han tenido poco recorrido en la Justicia.

Ya se verá en los próximos días qué sucederá con la denuncia contra la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias.

Por lo pronto, La Fiscalía pidió al juez Juan Carlos Peinado archivar la causa, ya que la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias se basaba solo en informaciones periodísticas, de las que no ha podido confirmar su veracidad.

Caso Koldo

Este es el escándalo de corrupción más reciente y de mayor impacto. El nombre viene de Koldo García, que fue asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, e imputado como parte de una trama que habría cobrado comisiones por la venta de mascarillas sanitarias a municipios y comunidades autónomas en plena pandemia.

De los 54 millones que habría facturado la empresa Soluciones de Gestión, presidida por Juan Carlos Cueto, al menos 16 millones se habrían repartido entre 10 personas de la compañía, precisó la investigación de la Guardia Civil

El caso provocó un terremoto político con la renuncia de Ábalos a su escaño en el PSOE (ahora está en el Grupo Mixto), la creación de comisiones de investigaciones en las Cortes, y con comparecencias de figuras políticas como la presidenta de los Diputados Francina Armengol o el exministro de Sanidad y actual líder del PSC Salvador Illa, entre otros.

Y por supuesto también de Koldo García, quien ha negado todas las acusaciones en su contra y se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez. Hace pocos días compareció en la comisión de investigación del Senado, donde se defendió de las acusaciones y criticó la cobertura mediática del caso.

Caso Azud

El caso Azud investigaba la trama urbanística y la supuesta financiación ilegal del PP mientras Rita Barberá estuvo al frente de Ayuntamiento de Valencia entre 1999 y 2013; pero sus ramificaciones han alcanzado a varios dirigentes del PSPV como el exconcejal y exsubdegelado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio o el responsable de las finanzas en el partido José María Cataluña.

La aparición de decenas de facturas en mayo de 2022 llevaron a la sospecha que el PSOE valenciano podría haber utilizado estos documentos para esconder supuestos sobornos a altos cargos del partido para conseguir adjudicaciones urbanísticas.

La Fiscalía sospecha que el valor de las facturas que aparecieron en el registro asciende a 1,3 millones de euros, y que este importe económico fue presuntamente cobrado por José Luis Vera, abogado vinculado al PSOE valenciano, entre los años 2007 y 2012.

EREs de Andalucía

Uno de los mayores escándalos de corrupción de España, el caso de los EREs de Andalucía involucró a numerosos altos funcionarios de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2009, período en el que estuvo gobernada por el PSOE.

El caso salpica también a la UGT andaluza, ena trama para desviar fondos por 854 millones de euros a empresas y personalidades afines al PSOE de esa comunidad autónoma.

Entre los políticos implicados se encuentran Manuel Chaves, al haber sido presidente de la Junta de Andalucía entre 1990 y 2009; y su sucesor José Antonio Griñán, quien estuvo al frente del gobierno andaluz entre 2009 y 2013; quienes han sido condenados a nueve años de prisión por prevaricación y a seis años por malversación de caudales públicos y prevaricación, respectivamente.

Caso Isofotón

El Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla investigó la entrega de la Junta de Andalucía de 80 millones de euros a la planta fotovoltaica Isofotón entre 2005 y 2012, empresa que luego cerraría sus puertas.

Entre los 40 investigados, en 2021 la Fiscalía Anticorrupción puso la mira en los actuales ministros María Jesús Montero y Luis Planas por su rol como consejeros del gobierno andaluz de José Antonio Griñan, ya que eran miembros de la comisión delegada para Asuntos Económicos que permitió otorgar un préstamo de 8,3 millones a la energética.

Ni Montero ni Planas fueron llamados como testigos ni fueron investigados, como tampoco la ministra Teresa Ribera, que en ese entonces fue la directora general de Desarrollo Estratégico y Nuevos Mercados Internacionales de la empresa.

Por defectos de forma en la investigación, como el incumplimiento en los plazos de las diligencias, llevó a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla a archivar la causa.