El PP se querella contra el fiscal general del Estado por ascender a Dolores Delgado
Para la formación azul existe una desviación de poder declarada en el ámbito administrativo y un posible delito de prevaricación
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. EFE/ Zipi
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El Partido Popular confirmó este lunes que presentará una querella ante el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por entender que «cometió desviación de poder al nombrar a su predecesora y exministra de Justicia socialista, Dolores Delgado, como fiscal de sala».
Fuentes del PP recordaron que el Supremo ya contempló esta desviación de poder de García Ortiz en una sentencia del pasado 21 de noviembre, y subrayaron que su nombramiento como fiscal general del Estado no fue adecuada para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que consideraba que no era un perfil idóneo para el cargo.
Asimismo, volvieron a rememorar que García Ortiz ya participó en actos de campaña del PSOE en Galicia contra Alberto Núñez Feijóo, «lo cual acredita su compromiso con las siglas del PSOE y con las necesidades políticas y orgánicas de Pedro Sánchez».
A su vez, desde Génova señalaron que la exministra ha sido acusada recientemente por Ignacio Stampa, exfiscal anticorrupción en el ‘caso Tándem’, «de apartarle de investigaciones relevantes por el interés mercantil de su pareja, el exjuez Baltasar Garzón, que a su vez fue apartado de la carrera judicial por una instrucción fuera de ordenamiento y contra los intereses del Partido Popular».
«Sánchez nombró fiscal general a su ministra de Justicia. La exministra de Justicia deja el puesto a García Ortiz y este le entrega ahora un cargo que le ha supuesto ya el reproche de sus compañeros y un recurso ante el Tribunal Supremo por parte de una asociación de fiscales. La Fiscalía es en estos momentos un apéndice del Gobierno y el fiscal ejerce como el ministro número 23 de Pedro Sánchez porque así se lo exige el presidente del Gobierno», resumieron desde el principal partido de la oposición.
Delito de prevaricación
Para el PP, por tanto, existe una desviación de poder declarada en el ámbito administrativo, que además puede conllevar un delito de prevaricación, según las interpretaciones que hace del artículo 404 del Código Penal.
En este contexto, el PP cargó también contra el Tribunal Constitucional y añadió que «las dudas sobre la imparcialidad» de la Fiscalía «se suman al cuestionamiento legítimo acerca de la independencia de los integrantes» del Tribunal de Garantías que «han sido ministros de Sánchez, fiscales generales por designación de Zapatero o altos cargo en Moncloa con el actual Gobierno socialista».
«La despolitización de la Justicia es una necesidad en cualquier democracia, pero más aún en una en la que el presidente del Gobierno es Pedro Sánchez», apostillaron desde el PP. Cabe recordar que el próximo lunes su interlocutor en las negociaciones para renovar el CGPJ se reunirá por segunda vez con su homólogo en el PSOE, Félix Bolaños, y el comisario de Justicia, Didier Reynders, en Bruselas.
