El PP propone una ley para mantener activas las nucleares incluso sin el visto bueno de las eléctricas

El Partido Popular ha registrado en el Congreso una Proposición de Ley que podría suponer un giro en la política energética de España. La iniciativa plantea que las centrales nucleares puedan seguir funcionando incluso si la empresa titular decide no solicitar una prórroga o manifiesta su intención de cerrar la planta. La justificación principal: garantizar la seguridad del suministro energético en un contexto de incertidumbre internacional y asegurar el acceso a una fuente considerada limpia, estable y competitiva.

La medida fue anunciada por Alberto Núñez Feijóo y defendida públicamente por la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, quien ha sido la encargada de presentar el texto en la Cámara Baja. Martín ha arremetido contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, acusándolo de “irresponsabilidad energética” al persistir en un calendario de cierre nuclear que, a su juicio, ignora las necesidades estratégicas del país.

Una norma que refuerza el control estatal sobre la energía nuclear

Uno de los aspectos más llamativos del texto presentado por el PP es que otorga al Gobierno la capacidad de mantener abiertas las centrales nucleares incluso si la empresa titular no lo solicita, siempre que haya informes favorables del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del operador del sistema eléctrico. Es decir, el Ejecutivo podría actuar por razones de “grave riesgo” para la continuidad energética.

Asimismo, la ley contempla la posibilidad de reabrir instalaciones que ya hayan cesado su actividad si no han pasado más de 12 meses desde su cierre, siempre bajo las condiciones establecidas por el CSN. En este caso, el trámite se consideraría una prórroga o renovación, evitando así un procedimiento más largo y complejo.

También se prevé la derogación de las cláusulas de “cierre definitivo” que afectan actualmente a algunas plantas como Almaraz I y II, Ascó I o Cofrentes, recogidas en sus respectivas órdenes de renovación de autorización. Además, se propone modificar el reglamento sobre instalaciones nucleares para adaptarlo al nuevo marco legal.

Revisión urgente de los planes energéticos

La Proposición de Ley incluye un paquete de medidas complementarias que obligarían al Gobierno a revisar los principales instrumentos de planificación energética en plazos muy concretos. Por ejemplo, el 7º Plan General de Residuos Radiactivos debería actualizarse en un plazo de tres meses, incorporando una extensión de diez años adicionales para las centrales. También se exige que en la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) se abandone la idea del cierre progresivo del parque nuclear.

Además, el texto establece que la Estrategia de Seguridad Energética Nacional se revise en un máximo de seis meses, evaluando especialmente el impacto que tendría para el suministro energético la desaparición de las nucleares. El PP insiste en que esta fuente es crucial para evitar dependencias externas, controlar el precio de la electricidad y sostener la competitividad industrial.

Objetivos económicos y sociales detrás de la iniciativa

Más allá de las implicaciones técnicas, el PP también busca reforzar la dimensión económica y territorial del debate nuclear. Argumentan que el mantenimiento de estas centrales contribuye de forma clave al desarrollo local, la generación de empleo y la actividad económica en las zonas donde están ubicadas. Cerrar las plantas, aseguran, supondría un duro golpe para esas comunidades.

Desde el partido se hace hincapié en que la energía nuclear es “limpia, estable y barata”, en un momento en el que los precios de la electricidad siguen siendo una de las principales preocupaciones de ciudadanos y empresas. Paloma Martín ha recordado además que el PP lleva tiempo reclamando una rebaja fiscal sobre la generación nuclear, denunciando la carga impositiva que actualmente soporta el sector.

Un primer paso para abrir el diálogo político

La Proposición de Ley es solo el primer paso. El Partido Popular ya ha anunciado que comenzará una ronda de contactos con otras formaciones políticas, especialmente con diputados de territorios donde existen instalaciones nucleares, independientemente de su adscripción política. La experiencia reciente les da cierto optimismo: en febrero ya lograron sacar adelante una proposición no de ley sobre este tema, pese a la oposición de PSOE y Sumar.

«La energía nuclear es buena para España», ha afirmado Martín, convencida de que el sentido común acabará imponiéndose en este debate. Con esta propuesta, el PP pretende abrir una nueva etapa en la política energética del país, centrada en la sostenibilidad real, la competitividad industrial y la garantía del suministro. Ahora, la pelota queda en el tejado del Congreso.