PP, Cs y Vox se lanzan a por el Gobierno por el control de los bulos

El mensaje del ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la monitorización de las redes sociales por parte del Gobierno con motivo del coronavirus ha causado un gran revuelo. Fue un anuncio breve, que ni siquiera entró en detalles, pero suficiente para que saltaran las alarmas sobre una posible deriva autoritaria del Gobierno. La intención que defiende el Ejecutivo es aplacar la difusión de informaciones falsas y malintencionadas, pero desde la oposición ven con recelo la posibilidad de que sea el propio Gobierno quien diga qué información es peligrosa o no para la ciudadanía.

Fuentes de los principales partidos de la oposición trasladan a este medio que en los próximos días preguntarán al Ejecutivo cuáles son sus siguientes pasos. El primero que trabaja para registrar las preguntas parlamentarias  — no en la sesión de control de este miércoles —  es Vox, que en los últimos días ha incidido en que el objetivo del Gobierno con estos anuncios no es otro que el de «amedrentar a la población», según reconoce a Economía Digital el diputado Manuel Mariscal Zabala.

Desde Ciudadanos aseguran que necesitan que el Gobierno detalle qué medidas está llevando a cabo en esta supuesta iniciativa de persecución de bulos y combate de campañas masivas de desinformación. «Deberíamos saber cómo, en qué condiciones y con qué criterio se detectan y diferencian los bulos de las opiniones críticas, para evitar arbitrariedad».

Vox presentará preguntas al ministro Grande-Marlaska para que dé detalles sobre la monitorización de redes

Fuentes del Partido Popular coinciden con Ciudadanos en que todavía es pronto y esperan a que el Ejecutivo de Pedro Sánchez dé más explicaciones. «Vamos a ver antes qué decisiones concretas toma el Gobierno para analizar su alcance. Siempre defenderemos se respete el ordenamiento vigente, claro está», explican fuentes de la bancada popular.

200 bulos por el coronavirus 

Las primeras actuaciones para controlar la difusión de informaciones falsas ya se han dado a conocer. El Gobierno comunicó ayer, lunes, que las primeras cifras recopiladas por la Oficina de Coordinación Cibernética (OCC), creada en 2014 como punto de contacto nacional de coordinación operativa en materia de ciberseguridad y encargada en estos momentos de vigilar las fake news sobre la pandemia, hablan de 200 eventos de desinformación grave.

Estos bulos, según explicó el propio Grande-Marlaska, tratarían sobre temas como vacunas caseras, sanitarios españoles y documentos oficiales modificados, entre otros temas de salud pública. El titular del ramo achacó estas campañas a una intencionalidad de generar alarma sanitaria y descartó, por el momento, que detrás de estos mensajes hubiese una intencionalidad de confrontación política. 

El ministro del interior descartó, por el momento, que existiese intencionalidad política en las campañas de desinformación detectadas

Fuentes ministeriales consultadas por este medio matizan que las palabras del ministro se refieren a una práctica que desde Interior se lleva a cabo de forma periódica. «La monitorización  — ciberpatrullaje —  se hace tanto por la unidades tecnológicas de Policía Nacional y Guardia Civil como por los servicios centrales especializados del Ministerio del Interior», explican.

Sobre cómo se actúa, desde Interior explican que estas informaciones  «solo se ponen en conocimiento de las instancias judiciales y fiscales cuando se percibe que pueden revestir un ilícito penal».

Podemos ya ha pedido a la fiscalía que investigue a una » organización criminal» que difundía bulos durante el estado de alarma

Es lo que sí ha hecho Unidas Podemos, partido socio del Gobierno. La formación de Pablo Iglesias denunció la pasada semana ante la Fiscalía General del Estado (FGE) la elaboración y difusión durante el estado de alarma de distintos bulos a través de las redes sociales. Los letrados Enrique Santiago y Martina Velarde reclamaron al Ministerio Público que iniciara “las acciones penales que pudieran corresponder” contra los responsables de estos supuestos delitos de “simulación de peligro, calumnias e injurias a altas instituciones del Estado y organización criminal”.

Desinformación en tiempo del coronavirus

La guerra por la desinformación se ha agravado con la pandemia del coronavirus. Al Gobierno se le ha señalado en las redes sociales, acusándole de querer limitar canales de información como Whatsapp a través de agencias de verificación cuyos propietarios son, según Vox, cercanos al PSOE y Unidas Podemos.

La acusación obligó ayer, lunes, a Facebook, propietario de la app, a salir públicamente y comunicar que los últimos cambios en la aplicación, en los que se limita el reenvío automático de mensajes, «no tiene relación alguna con la verificación de información».

Nadie se libra de la desinformación: el Gobierno fue acusado falsamente de querer controlar Whatsapp en España, pero Sánchez mintió sobre un estudio sobre el coronavirus en el Congreso de los Diputados

De esta forma, la compañía estadounidense dejaba claro que esta función no tiene nada que ver con las agencias de verificación como Maldita o Newtral, que forman parte de la red de 100 verificadores del International Fact Checking Network (IFCN) en más de 45 países  y desde el año pasado utilizan Whatsapp como canal para desmentir informaciones dudosas.

Pero el Gobierno tampoco ha jugado limpio. Sin ir más lejos, el propio presidente Sánchez afirmó en sede parlamentaria que un estudio de la Universidad de Oxford daba a España la puntuación más alta de los países occidentales por lo que respecta a la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus, cuando verdaderamente había otros países con mejor puntuación. 

Tampoco han faltado las voces que han señalado que el Ejecutivo ha cambiado de discurso y ha dado informaciones contradictorias con el paso del tiempo, como sucedió con las recomendaciones para utilizar mascarillas. Y no solo eso: al Gobierno se le ha acusado de dar información de dudosa veracidad al aportar cifras oficiales de fallecidos por coronavirus, cuyos números se han puesto en entredicho por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha.

En el listado de errores del Gobierno con la gestión de la crisis del coronavirus en materia de comunicación y transparencia también aparece la negativa a querer dar el nombre de la empresa que le vendió los polémicos test, al igual que las previsiones del comité científico sobre el impacto de la pandemia en España —Fernando Simón, el director desde del centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, habló de que España registraría pocos contagios—, que han resultado ser completamente erróneas.