El PP exige al Consejo Fiscal que redacte su informe sobre la ley de amnistía

El Grupo Parlamentario Popular instó el martes a la Mesa del Senado a reiterar la solicitud al Consejo Fiscal para que elabore y envíe a la Cámara Alta un informe sobre la proposición de ley de amnistía para los involucrados en el ‘procés’ de Cataluña, acordada por el PSOE, ERC y Junts.

Según fuentes del PP, el Grupo presentó un escrito firmado por la portavoz, Alicia García, con el fin de que el Senado «pueda contar con el informe durante la fase de presentación de enmiendas y propuestas de veto, o, en todo caso, dentro del plazo establecido para la tramitación de dicha ley».

El PP, que tiene mayoría absoluta en el Senado, denunció que el fiscal general del Estado «se ha negado a redactar dicho informe alegando la existencia de impedimentos legales, al tratarse de una proposición de ley y no de un proyecto de ley».

Sin embargo, los populares enfatizaron que no existen tales impedimentos legales en este caso, «puesto que el Ministerio Fiscal no es un órgano consultivo del Gobierno y el informe sobre los proyectos legislativos es obligatorio cuando afecta a la estructura, organización y funciones del mismo Ministerio Fiscal».

«La Proposición de Ley Orgánica de Amnistía contiene disposiciones en materia de derecho y procedimiento penal y hace referencia explícita a la actuación del Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones», señaló el escrito.

El rol del presidente

Además, el Grupo Popular resaltó que fue el propio presidente del Senado, Pedro Rollán, quien reconoció «la importancia de contar con esa opinión especializada» del Consejo Fiscal.

Alicia García agregó las conclusiones de la Comisión de Venecia a la solicitud: «El informe de este organismo europeo es contundente en este aspecto y subraya que las consultas significativas deberían asistir a los órganos elegidos para evaluar la proporcionalidad de la amnistía propuesta», argumentó.

En consecuencia, desde el PP enfatizaron que «no existe ninguna normativa que limite la relación entre el Ministerio Fiscal y las Cortes Generales, y ninguna disposición prohíbe esta colaboración en términos de informes previos a la legislación, especialmente cuando contribuye a fortalecer las garantías democráticas inherentes al Estado de Derecho».