Pérez Rey lanza una campaña anti empresa en Valencia y la sume en la inseguridad jurídica

El Ministerio de Trabajo encabezado por Yolanda Díaz ha emprendido una cruzada contra las empresas de la Comunidad Valenciana. Concretamente, ha puesto en su punto de mira a las compañías que han utilizado salvoconductos expedidos por la Generalitat para continuar prestando servicio durante la alerta roja por la nueva DANA que ha vuelto a azotar la comunidad autónoma.

Se trata de un documento expedido por la Generalitat Valenciana con el objetivo de que compañías que prestan servicios básicos contaran con la posibilidad de continuar llevando a cabo su actividad. A través del documento, los empleados que conformaban sus plantillas pudieron acceder a sus puestos de trabajo, pero también retornar a sus domicilios al concluir la jornada laboral.

Salvoconductos para prestar servicios básicos

El 13 de noviembre, cuando se expidieron los salvoconductos, la Generalitat Valenciana publicó en su Diari Oficial una orden que brindaba la posibilidad de circular a las empresas que prestasen servicios básicos, como la distribución de alimentos, el suministro de energía o las telecomunicaciones.

Cabe recordar que el Centro de Coordinación de Emergencias había establecido la alerta por lluvias nivel naranja en el litoral sur de Valencia y litoral norte de Alicante y la alerta por lluvias nivel amarillo en el litoral de Castellón y el litoral norte de Valencia, así como la alerta por fenómeno costero nivel amarillo en el litoral de Castellón, Valencia y litoral norte de Alicante.

En este contexto, la Conselleria valenciana de Interior y Justicia expidió salvoconductos a varias cadenas de supermercados, entre las que se encuentran Mercadona, Consum, Aldi o Lidl, en los que les dio luz verde para circular y proceder repartir sus productos a pesar de la alerta meteorológica al considerarlo un servicio «necesario».

Las empresas, entre el fuego cruzado

El departamento que lidera Díaz ha aprovechado la expedición de estos documentos para cargar contra el gobierno liderado por el popular Carlos Mazón. «No hay salvoconducto que valga para poner en peligro la vida de las personas trabajadoras», destacó en el transcurso de la rueda de prensa concedida tras el Comité de crisis por los efectos de las lluvias torrenciales, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

También criticó que el Ejecutivo valenciano conceda justificantes empresariales, puesto que el desarrollo de normas en materia de prevención laboral es una competencia exclusiva del Estado y la Generalitat Valenciana no cuenta con la potestad de conceder salvoconductos a las empresas para garantizar el desplazamiento de los empleados hasta sus puestos de trabajo durante alertas meteorológicas.

El fuego cruzado entre la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Trabajo ha atrapado a las compañías. A pesar de contar con el salvoconducto serán investigadas por los inspectores de trabajo, alertó Pérez Rey que también alertó que comprobarán si obligaron a los empleados a «acudir a los puestos de trabajo en circunstancias que no sean seguras y que puedan comprometer su integridad».

De hecho, el secretario de Estado de Trabajo explicó que por el momento se han abierto 80 expedientes contra empresas por este motivo y reconoció que han dado a los inspectores «órdenes estrictas» para vigilar el cumplimento de los deberes de seguridad de las empresas con sus trabajadores y que trabajarán «con toda la contundencia que sea necesaria».