Los proyectos que tendrá que recuperar el Ejecutivo de Sánchez
La reforma de la ley de Educación del PP o la equiparación salarial entre las fuerzas de seguridad son algunos de los objetivos pendientes
Con un acuerdo de Gobierno firmado y varios ministros en el punto de mira, las dudas sobre cuál será el futuro del país empiezan a disiparse. Tanto PSOE como Unidas Podemos tienen una hoja de ruta clara y, a pesar de sus diferencias, saben que después de dos años de Ejecutivo en funciones hay medidas que tienen que llevarse a trámite. Sus actores serán los principales gabinetes del Gobierno, los ministerios, de los que todavía no se conocen titulares.
Aunque de momento no han podido sentarse a efectuarlas, sí es cierto que la nueva administración ha tratado por todos los medios ponerse a trabajar lo antes posible en la formación de Gobierno, primer paso a cumplir. Lo siguiente será el reparto de ministerios, sobre el que todavía pesan especulaciones, y a partir de entonces: cumplir promesas electorales y acuerdos entre partidos.
Primero las frenó el bloqueo de presupuestos, luego la repetición electoral y, finalmente, las largas negociaciones para sacar adelante la investidura. Pero ya no hay tiempo que perder. Los ministerios han permanecido en funciones desde la moción de censura y todavía tienen tareas pendientes. Estas son las más relevantes:
Hacienda
Su titular en funciones, María Jesús Montero (PSOE) es la que más suena para repetir la cartera. Entre sus medidas pendientes se encuentra la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), prorrogados desde la época de Cristóbal Montoro (PP).
La última intentona socialista para aceptar unos presupuestos del PSOE contó con el apoyo de Unidos Podemos y el rechazo de ERC, un bloqueo parlamentario que culminó en las elecciones del 28-A y, más tarde, con los recientes comicios del 10-N.
Según ha transmitido la el Ministerio a Business Insider, otro de los proyectos más esperados por el ministerio es la reforma del sistema de financiación autonómica a partir del reciente informe de la Comisión de Expertos comandada por el Gobierno socialista.
Indica Hacienda que una de las medidas clave todavía en el tintero es la aprobación de la ley que regulará de la Tasa Digital, todavía a la espera de un impuesto global, y la actualización del impuesto sobre transacciones financieras, un proyecto de ley congelado desde el mes de enero debido a la escalada de elecciones generales y desgobierno.
Falta, por último, aprobar finalmente el proyecto de lucha contra el fraude, donde se contempla la prohibición por ley de las amnistías fiscales. Esta norma, modificada a partir de escritos anteriores, facilitaría también «las actuaciones tendentes a prevenir y luchar contra el fraude reforzando el control tributario», en palabras de la Secretaría de Estado de Hacienda.
Economía y Empresa
El Ministerio de Economía y Empresa de España es uno de los principales reguladores de la administración estatal —y uno de los más subyugados a la voluntad de Bruselas—. Liderado por la próxima vicepresidenta Nadia Calviño, la cartera lleva tiempo poniendo la mira en crear un Sandbox regulatorio para el espectro de las fintech.
Este anteproyecto de ley planea la instauración de un campo de pruebas para los nuevos modelos de negocio que no están protegidos por una regulación específica en el sector.
Su objetivo, todavía en proceso de maduración, es acompasar el cumplimiento de las regulaciones financieras al crecimiento y los ritmos de las empresas más innovadoras, de tal forma que no se estrangule con normas al sector fintech.
Previa la repetición electoral, el mandato del Gobierno de Pedro Sánchez quedó pendiente de crear un supervisor independiente que sustituyese o complementase a la actual Dirección General de Seguros, tal y como reclaman las grandes empresas del sector.
Se mantiene también, por último, la principal novedad presentada por la ministra Calviño: la creación y adaptación modelar de la llamada ‘mochila austriaca’. Este sistema plantea reformar el mercado laboral y de pensiones para que los trabajadores acumulen parte de sus sueldos en una cuenta individual que se puede rescatar en caso de despido y/o jubilación. A pesar de que Unidas Podemos ha criticado la mochila por «hacer pagar al trabajador su propio despido», no se sabe cómo se lidiará con ella en el nuevo Gobierno.
Política Territorial y Función Pública
El ministerio de Política Territorial y Función Pública, antiguamente asociado a Interior, es una de las carteras con más asignaturas pendientes en su haber. Su posible encargado, Luis Planas, también ministro de Agricultura, ha centrado sus políticas principalmente en la llamada Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.
Este plan integrador fue una de las medidas socialistas clave para el acuerdo de Gobierno de coalición con Unidas Podemos el pasado martes, firmando ambos partidos el compromiso de elaborar, desde una perspectiva multidisciplinar e interministerial, un plan de acción para combatir la despoblación, el envejecimiento y los efectos de la población flotante.
Durante el primer debate electoral del 10-N, Sánchez prometió crear un ministerio específico para combatir el reto demográfico y la despoblación. El pacto anticipa que este ministerio será clave para incorporar la perspectiva demográfica a la tramitación de leyes y programas de inversión, así como simplificar la normativa para facilitar la gestión de los ayuntamientos. Para hacerlo, el acuerdo PSOE-UP promete potenciar la colaboración público-privada para «convertir todos los territorios en escenarios de oportunidades».
Otra de las propuestas más reclamadas al ministerio es regular las condiciones de los funcionarios (actualmente en negociación) con una subida salarial del 2% en 2020 y mejorar las convocatorias de las plazas de empleo público.
Fomento
La cartera dirigida por José Luis Ábalos tiene ante sí varios retos que afrontar de cara al próximo Gobierno. Fomento, uno de los ministerios con más actividad, tendrá que mejorar (y aclarar) la articulación de los nueve corredores de la Red Transeuropea de Transporte, actualmente en proceso.
Estas medidas afectan directamente a la implantación del Corredor Mediterráneo y el Corredor Escandinavia-Mediterráneo, dirigido por el ministerio junto a la Comisión Europea. Se planea suprimir tramos del peaje, principalmente los de la AP-7 (Tarragona-Alicante) y la AP-4 (Sevilla-Cádiz), dos de las autopistas con concesiones vencidas durante el mandato socialista. Actualmente se encuentran en licitación para contratos sólo de mantenimiento.
Pero sin duda la reclamación histórica a Fomento es la relativa al AVE. Hace unos meses Adif autorizó nuevas contrataciones para instaurarlo en Extremadura por 6,2 millones de euros. La comunidad, una de las más afectadas por el abandono de las infraestructuras ferroviarias, lleva años pidiendo la mejora de las vías y los trenes.
En menor medida, y coaligado con el Ministerio de Economía, otro de los retos más recientes para Fomento será terminar las líneas de AVE hasta la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas. Estas vías, de capital privado, responden a la adquisición de Air Europa por parte de IAG (matriz de Iberia). La compra de la aerolínea, asegura la empresa, convertirá Madrid en uno de los grandes ‘hub’ a nivel europeo y mundial.
Interior
El ministerio de Estado por excelencia es uno de los que más asignaturas pendientes tiene en su agenda. En materia de seguridad, la cartera tiene como prioridad la equiparación salarial entre las distintas fuerzas policiales a través de una auditora en los PGE. Su titular, Fernando Grande-Marlaska, es probable que repita en el nuevo Gobierno.
El último escollo que se encontró Marlaska antes de la repitición electoral fue el relativo a la tasa de gasto. La auditoría del ministerio estimó que la igualdad retributiva costaría al Gobierno un total de 807 millones de euros, una cifra que los sindicatos policiales rechazaron por considerarla «insuficiente». Queda pendiente una actualización aprobada por policías y guardias civiles, que cifran los gastos de brecha salarial en cerca de 1.300 millones de euros.
En lo relativo a la seguridad vial, Interior tiene todavía pendiente completar la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020, dependiente de la DGT. A un año de zanjar la lista sólo se han cumplido 5 de las 11 medidas prometidas (en el Gobierno anterior), quedando en el tintero epígrafes como la disminución de conductores mayores de 64 años fallecidos y las víctimas en accidentes in itinere.
En segundo término a nivel de presupuestos, pero de estricta actualidad tras la reciente campaña electoral, se enmarca la sustitución de las concertinas de Ceuta y Melilla por vallas anti-cizallas. Esta medida fue redactada a partir de un informe reservado encargado por el Gobierno de Mariano Rajoy, pero todavía no se ha podido llevar a efecto.
Educación y Formación Profesional
El principal objetivo pendiente del Ministerio de Educación y Formación Profesional pasa por la tramitación efectiva de la Ley Orgánica para la Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), conocida como Ley Celaá en nombre a la ministra.
La norma, aprobada el pasado mes de febrero, pretende desmontar el modelo educativo del PP rebajando el número de alumnos por aula, entre otras medidas. Esta ley suponía el mayor reto en materia de educación por pate del Gobierno de Pedro Sánchez: modificar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) a partir del curso 2020-2021.
Esta modificación pretende, según la Administración, instaurar un nuevo modelo que acabase con las jornadas laborales ampliadas de los docentes, quitar peso a la asignatura de Religión, aumentar la de Filosofía y permitir que las distintas comunidades fijen la proporción de las clases en castellano.
Noticia original: Business Insider
Autor: Luis Casal
