Pedro Sánchez se lava las manos con el confinamiento domiciliario
El Gobierno deja solas a las comunidades autónomas que piden confinar a la ciudadanía para detener el avance del coronavirus
De «este virus lo paramos unidos» al abandono de las comunidades que han pedido permiso para declarar el confinamiento domiciliario de la población.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha trasladado a regiones como Castilla y León, País Vasco, Melilla y Asturias —que han solicitado su puesta en marcha— que pueden aplicar el encierro, pero no en el marco del estado de alarma que les protege de los ya tradicionales choques con la justicia.
Es decir, que el Ejecutivo central no se plantea modificar el estado de alarma que el consejo de ministros aprobó hace casi dos semanas para añadir la posibilidad de decretar confinamientos domiciliarios.
El decreto solo permite confinamientos perimetrales (es decir, cierres territoriales para evitar la movilidad entre municipios y regiones) y otras medidas como el llamado ‘toque de queda’, y La Moncloa insiste en que con esto es suficiente.
El Ministerio de Sanidad dijo que estudiaría la opción de confinamientos como el que se extendió de marzo a junio en toda España, pero por comunidades. No obstante, la respuesta del Gobierno finalmente ha sido «no». Esto implica que las comunidades tomen la decisión por cuenta propia y basándose en la Ley General de Sanidad, y que la defiendan ante los tribunales superiores de justicia.
Con el estado de alarma, las autonomías no tienen que esperar a contar con el visto bueno de los jueces, por lo que naturalmente si este decreto no lo permite se regresará a la situación previa a su segunda aprobación, en la que los gobiernos regionales anunciaban medidas y, en muchos casos, al paso de unos días la justicia las tumbaba. Esto, de hecho, obligó al Gobierno central a declarar otro estado de alarma precisamente para evitar estas situaciones.
El confinamiento de Igualada, el único antecedente
Durante la emergencia sanitaria de la Covid-19 solo ha habido un antecedente de un confinamiento domiciliario aprobado al margen del estado de alarma, y las circunstancias en que esto se llevó a cabo generan más dudas que certidumbres en torno a si las comunidades podrían sortear la presión judicial si se deciden ahora por la misma restricción y sin contar con el paraguas legal de la alarma para ello.
Fue el 13 de marzo, un día antes de que se declarara el estado de alarma en toda España. Entonces, la Generalitat de Cataluña acordó el confinamiento domiciliario de Igualada, amparándose en la mencionada Ley General de Sanidad. No hubo tiempo de recurrirla porque tan solo unas horas después el estado de alarma se impuso a las decisiones de las autonomías y fijó un marco de actuación para todo el territorio nacional.
A este único antecedente se refiere ahora el Gobierno para defender que no es ya su responsabilidad avalar o rechazar los confinamientos que quieren algunas comunidades. Cuando acabó el estado de alarma, la Generalitat quiso hacer algo parecido en algunas regiones al inicio de la segunda ola, en pleno verano, pero afrontó recursos que le obligaron a rectificar, pues la Fiscalía avisó que no era procedente.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León también rechazó en octubre una medida similar al no verla consecuente con el marco legislativo. Ahora, autonomías como Asturias o la Comunidad Valenciana coinciden en que se podría decretar el confinamiento con el aval de la justicia y sin el estado de alarma, mientras que Andalucía asegura no tener competencias para ello con el actual estado de alarma.
