Nuevo bandazo del Gobierno con el delito de rebelión

Los bandazos del Gobierno respecto al delito de rebelión continúan. El presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta, Carmen Calvo, llevaron a la Moncloa han provocado el malestar de fiscales y jueces del Tribunal Supremo por cuestionar la rebelión en la causa del 1-O y la titular de Defensa, Margarita Robles, intenta ahora redefinir la postura del Ejecutivo.

Robles negó rotundamente que el Gobierno haya cambiado de criterio acerca de si los políticos y líderes catalanes procesados por el Supremo cometieron un delito de rebelión. El Ejecutivo no quiere ni puede interferir en la causa del «procés», aseguró en una entrevista en La Sexta.

La calificación del delito «corresponde al fiscal», comentó Robles para desmentir las presiones del Gobierno. La ministra pidió tranquilidad para que los jueces puedan realizar su trabajo y desvinculó la eventual sentencia del Supremo de la negociación de los presupuestos, pese a que el separatismo insiste en que, antes de dar su apoyo a las cuentas del PSOE y Podemos, quieren que el Gobierno active gestos con los presos del 1-O.

Las declaraciones del Gobierno sobre el delito de rebelión

Sánchez alarmó a los miembros de la judicatura el miércoles, cuando afirmó que la rebelión «se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares» e insinuó que no existió ese delito en el contexto del 1-O. Calvo apuntaló el gesto el jueves, cuando dijo que «lo que podemos llamar golpe de Estado requiere de unos instrumentos de fuerza que en cualquier legislación están conectados con las armas».

Fuentes del Supremo admitieron que las declaraciones del presidente y la vicepresidenta eran de «extraordinaria gravedad«. «El problema es que se está asimilando con normalidad lo que es un síntoma de destrucción del Estado de derecho», y esto da pie a «los juicios paralelos», lamentaron. Las asociaciones de fiscales también tildaron de «inoportunos» los comentarios de Sánchez y Calvo.

Armas e hipotecas

Robles, en su entrevista del sábado, también negó haberse sentido desautorizada tras la polémica sobre la venta de misiles a Arabia Saudí y reclamó explicaciones al anterior Gobierno del PP. La titular de defensa defendió el compromiso «implacable» del equipo de Sánchez en la defensa de los derechos humanos y dijo que «todo el mundo sabe que las bombas sirven para lo que sirven» y que es complicado establecer controles «ex post facto».

También descartó que el Gobierno tenga planes para subir al 2% del PIB el gasto militar, como exige el presidente estadounidense Donald Trump. Y consideró injustas las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, tras la polémica convocatoria de un pleno sobre la reciente sentencia de las hipotecas, que calificó de «hecho insólito» por desautorizar a los magistrados que emitieron el fallo.