Más millones para la sanidad catalana pero las mismas listas de espera
La Mareas Blancas coincide con los sabios de la sanidad catalana: los presupuestos de la Generalitat eternizan la infrafinanciación
El gobierno de la Generalitat acordó con los comuns un proyecto de presupuestos para este año que contempla aumentar el gasto sanitario en 908,5 millones de euros respecto a las cuentas del 2017, que son las últimas que se aprobaron. Sin embargo, las asociaciones de usuarios de la sanidad pública catalana advierten que este incremento, aunque sea del 9,4%, tan solo es “un parche”. Ni siquiera resolverá las listas de espera.
El doctor Toni Barbará, uno de los portavoces de Marea Blanca en Cataluña, indica que “la música” del aumento del presupuesto sanitario suena bien pero que otra cosa es “la letra y los números”. En realidad, estos 908 millones de euros de más respecto a las cuentas de 2017 ni siquiera sirven para cubrir los 1.500 millones de euros de déficit con los que se calcula que se cerró el pasado ejercicio.
Barbarà precisa que el proyecto de presupuestos prevé un aumento de 20 millones de euros para “paliar” las listas de espera. Recalca que solo son “un parche” que no resolverá el problema de fondo. Además, critica que este dinero se destinará a centros privados, a los que la Generalitat deriva pacientes cuando se alargan las listas.
Precisamente, Cataluña es la comunidad autónoma que tiene la mayor tasa de personas en listas de espera quirúrgica (23,3 por cada 1.000 habitantes), mientras que Madrid (con 8) y el País vasco (con 8,34) son las que menos, según el informe que la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) hizo público el pasado jueves.
Barbarà insiste en que “los parches no sirven” y que es necesario redefinir el modelo para solucionar su infrafinanciación crónica. Aunque la partida para la sanidad prevista para este 2020 alcanza los 9.658 millones de euros (el 35% del presupuesto total), se continuará cerrando con déficit.
Este miércoles, el Cercle de Salut presentará un informe en el que cuantificarán la infrafinanciación del sistema sanitario catalán. Sus autores, el investigador Marc Casanova y el catedrático de economía Guillem López-Casasnovas, avanzan que le auguran un “mal pronóstico”. El Cercle de Salut es un comité de sabios de la sanidad que preside Lluís Bohigas. Son críticos con la financiación, pero defienden el actual modelo sanitario basado en la colaboración del sector público y el privado.
Tercer sector
El proyecto de presupuestos de la Generalitat, que su vicepresidente económico, Pere Aragonès, vende como el “más social”, no convence a las asociaciones de usuarios de la sanidad, ni tampoco a las del tercer sector, que se reunieron con Quim Torra el 16 de enero pasado, poco antes de que se anunciase el proyecto de presupuestos.
Desde la Mesa Unitaria en defensa del Sector Social se indica que valorarán el proyecto de presupuestos este miércoles después de que el gobierno de Torra lo presente formalmente en el parlamento catalán. Desde una de sus entidades se apunta que se intenta poner sordina a las críticas para evitar que se visualice como un enfrentamiento político con la Generalitat.
Los centros dedicados a la inserción laboral de discapacitados también esperaban algo más de las cuentas de la Generalitat. Josep Roset, presidente de la Federación de Centros Especiales de Trabajo de Cataluña (FECETC), señala que no ha visto en el proyecto ninguna partida específica sobre inserción laboral de discapacitados. No aparecen incrementos de subvenciones para los centros especiales de trabajo (CET) ni para el resto de empresas destinados a la inserción laboral de discapacitados. La FECETC agrupa 63 centros que ocupan a cerca de 5.500 personas.
No obstante, celebran que se dediquen más recursos para aumentar el número de inspectores de trabajo: esperan que eso permita actuar con más eficacia sobre las empresas que no cumplen con la ley de discapacidad. Cuantas más inspecciones, más puestos de trabajo se crean.
Deuda con los centros especiales de trabajo
La Generalitat todavía adeuda el incremento de las subvenciones a los CET que están vinculadas al salario mínimo interprofesional (SMI). En enero de 2019, el SMI se incrementó en un 22,3%, hasta los 900 euros, pero el gobierno catalán todavía no lo ha aplicado en las subvenciones a los centros que ocupan a discapacitados.
Aunque este proyecto de presupuesto quede corto para las entidades sociales, siempre será mejor que el prorrogado de 2017. El calendario de tramitación de las cuentas está decidido: el vicepresidente Aragonès las presentará este miércoles en el parlamento. Luego, a partir del jueves, los consejeros defenderán las cuentas de sus respectivos departamentos. Probablemente, el 12 de febrero se someterá a votación su tramitación, en la que los dos socios del gobierno contarán con el apoyo de Catalunya en comú-Podem. Después de la fase de enmiendas, se someterá a la votación definitiva, para la que todavía no hay fecha.
Sin embargo, la aprobación de las cuentas puede irse al traste si la decisión del Tribunal Supremo sobre la inhabilitación de Torra conduce a la convocatoria de elecciones anticipadas.
