Más gestos de Sánchez: ahora, rechazo simbólico del juicio a Companys
El Gobierno anuncia una declaración de "restitución" del president fusilado y vende la reunión ministerial como un "acto de afecto" a Cataluña
Tras la escenificación de buena voluntad (de diálogo, por supuesto) del jueves, este viernes tocaban gestos en el Consejo de Ministros celebrado en Barcelona. Asi que la reunión ministerial se ha aprovechado para aprobar un cambio de denominación del aeropuerto de Barcelona-El Prat, que será rebautizado con el nombre del que fue presidente de la Generalitat provisional entre 1977 y 1980, Josep Tarradellas, y también para vender una anulación del juicio en el que el último presidente catalán antes del franquismo, Lluís Companys, fue condenado a muerte.
Claro que si una anulación de ese tipo siempre es forzosamente simbólica, porque la pena ya fue ejecutada, en este caso aún más. Porque para anular los juicios franquistas haría falta una ley específica, así que el ejecutivo ha optado por hacer una declaración política de «reparación» de Companys, que fue fusilado en 1940. No es un asunto menor. La anulación del juicio a Companys es una vieja reclamación del independentismo, pero está por ver que se conforme con la fórmula escogida.
«Concordia, entendimiento y diálogo»
La portavoz del ejecutivo, Isabel Celaá ha vendido el cambio de nombre del aeropuerto como un «mensaje de concordia, entendimiento y diálogo», pese a que la Generalitat ya ha mostrado su incomodidad por la forma en que se ha decidido la medida, que según la portavoz, se ha acordado con la familia de Tarradellas y los municipios de El Prat y Barcelona, aunque fuentes del Ayuntamiento de la capital catalana aseguran que no habían tenido noticia antes de este viernes de los planes del ejecutivo.
En la misma linea estratégica se enmarca la declaración sobre Companys por la que «se rechaza y se condena el consejo de guerra que ordenó su ejecución» y se declara «pública y solemnemente» la restitución de la dignidad del que fue presidente de la Generalitat entre 1934 y 1940. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, admitió que no se trata de una anulación del juicio, y recordó que el Congreso está tramitando una proposición de ley en ese sentido.
Al paquete de medidas en clave catalana, que se añadían a la subida del 23% del salario mínimo interprofesional y el aumento del 2,25% del sueldo de los funcionarios, se le incorporó aún una tercera: una partida de 112 millones destinados a obras en la red viaria.
De lo que se trata es de ponerle dificil a Torra y los partidos independentistas sostener el relato de que el gobierno de Pedro Sánchez es, de cara a sus intereses, lo mismo que el de Mariano Rajoy. Nadie quiere quedar como el que rechaza el diálogo, de ahí también que finalmente el jueves Pdecat y ERC permitieron la aprobación, a la segunda, de la senda de déficit -que caerá en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta-.
Diálogo de sordos
Otra cosa es que se trate de un diálogo de sordos, porque Generalitat y Moncloa hablan idiomas distintos y no se atisba ninguna posibilidad de acuerdo. Lo dejo claro de nuevo Batet este viernes, cuando reafirmó que el derecho de autodeterminación sobre el que el presidente catalán, Quim Torra insistió en su reunión del jueves con Sánchez «no existe» porque no lo reconoce la Constitución.
Y lo deja claro también el independetismo, reaccionando con ruidosas portestas a una reunión ministerial que prefiere entender como una intolerable afrenta, pese a los esfuerzos de Sánchez de venderla como un gesto de acercamiento. O como «un acto de afecto, de aprecio, a Cataluña y a Barcelona», en palabras de Celaá, que felicitó a Mossos, Policía Nacional, Guardia Civil y Guardia Urbana por su «magnífico ejercicio de coordinación» en el dispositivo desplegado para blindar la celebración del Consejo de Ministros, y condenó la agresión de la que fue objeto un periodista de Intereconomía.
