Una asociación de la Guardia Civil pide la dimisión de Marlaska por la narcolancha de Barabate

La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) se presentará como acusación particular en el proceso judicial que se abra por el «asesinato» de dos guardias civiles en el puerto de Barbate (Cádiz), arrollados este viernes por una ‘narcolancha’, y además pide la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Así lo anunció este sábado en nota de prensa Jucil, cuyo secretario general, Ernesto Vilariño, se propuso «arrastrar ante la justicia a todos los implicados en el asesinato de estos dos compañeros y que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley», y deploró que los hechos fueron «jaleados en uno de los vídeos que muestran este asesinato por personas que desde la orilla apoyan y vitorean a los asesinos, a los que piden que den más pasadas sobre los cuerpos de los guardias civiles».

Jucil añadió que pedirá un cambio legislativo para que el Código Penal recoja como delito la mera posesión de estas lanchas rápidas, con potentes motores, que han utilizado los autores del asesinato. Vilariño apoyó «las valientes palabras de la fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, quien ayer calificó estos hechos como asesinato y demandó que no sea impune la posesión de estas embarcaciones o el transporte de grandes cantidades de combustible en ellas, destinado a otras narcolanchas».

«De inmediato pediremos encuentros a los grupos parlamentarios en el Congreso para que se ponga en marcha una proposición de ley en este sentido, pero rogamos al Gobierno, si de verdad quiere actuar contra el narcotráfico, que actúe e inicie este cambio legislativo y así mostrar su interés por evitar la impunidad con la que en estos momentos actúan las mafias que controlan la droga», agregó el secretario general de Jucil.

Por otra parte, el Comité Ejecutivo Nacional de Jucil demanda la dimisión de Marlaska, después de que horas antes de este suceso asegurara en Cádiz que el Campo de Gibraltar es ahora un área más segura que hace algún tiempo. Jucil le acusa de «no ser capaz de ayudar a policías nacionales y guardias civiles a llevar a cabo su misión, el control del narcotráfico». También reclama que abandone su cargo el director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y a uno y otro que «no acudan a Barbate si no es con medios y soluciones para los guardias civiles».

Otra asociación profesional del Cuerpo, Independientes de la Guardia Civil (IGC), envió su «pésame a los familiares de los fallecidos» y expresó su «condena más absoluta al brutal asesinato de los agentes» y su «deseo de una pronta recuperación a los compañeros heridos y que todo el peso de la ley recaiga sobre los responsables de dicho acto delictivo».