Madrid se saltó la ley a la torera en la venta de pisos públicos a Goldman Sachs

Más leña al fuego sobre las dudas surgidas por la venta que la Comunidad de Madrid, a través del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), hizo en 2013 al fondo estadounidense Goldman Sachs de casi 3.000 viviendas públicas que, en su mayoría, habían sido adjudicadas en alquiler con opción a compra a sus moradores.

A la vertiente judicial que se está siguiendo por parte de la Fiscalía Anticorrupción para deslindar las posibles responsabilidades penales en las que pudiera haber incurrido Pablo Cavero –el ahora concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid y, cuando se hizo la operación, consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda–, se une ahora un demoledor informe fiscalizador de la Cámara de Cuentas regional, en el que se pone en duda la falta de justificación y la legalidad de muchos de los extremos que rodearon el concurso.

Dejación de funciones

Inicia el órgano fiscalizador su informe señalando, perplejo, que el Ivima, como institución pública, hubiera obviado con esta venta su principal función, la de «proporcionar una vivienda digna y acomodar el precio del arrendamiento a las exiguas capacidades económicas de los adjudicatarios».

Respecto a la necesidad de la venta, la Cámara de Cuentas considera que no existen documentos públicos que justifiquen la operación. Solo manifestaciones públicas de los responsables políticos.

Sin documentos acreditativos

«Fuera de esas manifestaciones, el Ivima no ha facilitado documentos fehacientes de los que hayan podido obtenerse las conclusiones sobre la necesidad, conveniencia, oportunidad de dicha operación de enajenación; o acerca de la eficacia o eficiencia en la gestión del patrimonio del Ivima», recoge el informe.

La falta de esta adecuada justificación de la venta incumple, a juicio de la Cámara de Cuentas, «no solo el principio de transparencia y claridad de las actuaciones administrativas de la contratación pública, aplicables también a las operaciones de venta de bienes inmuebles, sino también el principio de necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación».

Pérdida patrimonial

Otro aspecto en el que muestra extrañeza el informe se relaciona con que el Ivima se decantara por vender estas promociones en un único lote, como así consta en el contrato de valoración de los activos encargado a la Sociedad de Tasación. De haberse vendido en varios lotes, la Comunidad de Madrid hubiera ingresado más de esos 201 millones de euros en los que se cerró la venta al fondo Goldman Sachs, a través de la gestora Azora.

Por eso, entiende el órgano fiscalizador que ese requerimiento de vender en un único lote «supone una restricción sustancial al principio de libre concurrencia, en perjuicio de los intereses de la Administración y de los intereses públicos, y en beneficio, con reducción ostensible del precio de venta, de quien tuviera la suficiente capacidad de inversión y liquidez disponible para afrontar dicha operación», en alusión directa al fondo estadounidense.

Al margen de los pliegos

La adjudicación de la venta a Azora Gestión y la posterior escritura de compraventa a Encasa Cibeles –la sociedad constituida ya con la participación directa de los responsables de Goldman Sachs– tampoco pasa desapercibida para la Cámara de Cuentas, al ser una posibilidad que no estaba contemplada en los pliegos de condiciones del concurso.

Al respecto, el informe señala que «la falta de precisión u oscuridad del contenido de los pliegos supone una quiebra del principio de libertad de acceso a los licitadores, publicidad y transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos».

Y va más allá, al recordar el informe cómo Azora, la sociedad adjudicataria, constituyó Encasa Cibeles con un capital inicial de 3.000 euros, «insuficiente para responder del volumen de actividad adquirido», y cómo, una semana después de formalizar la escritura de compraventa con el Ivima, Encasa Cibeles aumentaba su capital en 21,27 millones de euros, «con la entrada de nuevos socios pertenecientes a un grupo financiero internacional [Goldman Sachs] que no cumplía las condiciones para licitar y cuya sucursal en España, inicialmente seleccionada, finalmente no presentó ofertas».

Azora, mera sociedad instrumental

Por todo ello, la Cámara de Cuentas deja en evidencia a Azora, la gestora dirigida por Concha Osácar y Fernando Gumuzio, que fue la adjudicataria, pero que realmente actuó como «una sociedad instrumental o intermediaria de un grupo financiero internacional que no cumplía las condiciones de solvencia técnica o profesional previstas en el pliego de condiciones para licitar y adquirir las promociones».

También arroja dudas el informe acerca de la contabilidad de la operación. Además de llegar a la conclusión de que la operación se saldó, para el Ivima, con una pérdida del inmovilizado material  de más de 98 millones de euros –la diferencia entre lo ingresado y lo que en los libros estaba contabilizado–, la Cámara de Cuentas subraya la incorreción que supone no haber contabilizado adecuadamente las subsidiaciones aplicadas a los intereses de los préstamos, «quedando una deuda de importe superior al que realmente se debe».