A Pablo Cavero, el concejal ‘estudiante’ del PP en Madrid, le llueven las querellas

Tras casi dos décadas en puestos de alta dirección en Barclays antes de llegar a la política hace tres años, lo primero que hizo Pablo Cavero –hijo del que fuera ministro en tiempos de UCD bajo los gobiernos de Adolfo Suárez, Íñigo Cavero–, tras tomar su acta como concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, fue irse dos meses a Estados Unidos a cursar un master en banca en la Universidad de Harvard.

Lo hizo amparándose en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013, que limitó a 45 el número de concejales a tiempo completo. Como en la presente legislatura hay 57, hay 12 a jornada parcial. Entre los cuatro del Partido Popular, Cavero es uno de ellos. Por su dedicación a tiempo parcial como edil cobra casi 50.000 euros brutos anuales.

Justificación de la ausencia

Un repaso al Diario de Sesiones del Ayuntamiento de Madrid sirve para comprobar cómo Cavero asistió en julio a los plenos y a las comisiones de Economía y Hacienda y Medio Ambiente y Movilidad, de las que forma parte, pero se ausentó de las sesiones celebradas el pasado mes de septiembre. Se le espera para el pleno de octubre, previsto para el próximo día 28. De momento, este lunes volvió a ausentarse de la comisión de Economía, de la que es presidente.

Cavero debió justificar su ausencia debidamente puesto que, según el reglamento orgánico del consistorio capitalino, «los concejales tienen el derecho y el deber de asistir, con voz y voto, a las sesiones del Pleno y a las de aquellos otros órganos colegiados de los que formen parte, salvo justa causa que se lo impida, que deberán comunicar con antelación suficiente al presidente del órgano de que se trate».

Prevaricación y malversación

Ahora, a su vuelta, se va a encontrar Cavero con una querella por prevaricación y malversación de caudales públicas, que acaba de admitir a trámite el juzgado de instrucción 36 de Madrid.

Algo que el propio Cavero, de alguna manera, reconocía en la Asamblea de Madrid, al asegurar que ese dinero se había sido destinado a sanidad, educación, servicios sociales y subvenciones al transporte.

Freno al Plan Estatal de Vivienda

La denuncia, circunscrita a los 4 millones de euros que reclaman 717 vecinos de la colonia San Agustín, en el distrito de Puente de Vallecas, se haría extensible al resto de más de 80 millones de euros de ayudas a la rehabilitación transferidas por el Ministerio de Fomento al conjunto de municipios de la Comunidad de Madrid, y que no han recibido la debida justificación. Y que, además, han sido la causa de que, hasta ahora, el Gobierno regional presidido por Cristina Cifuentes haya sido el único en no adherirse al Plan Estatal de Vivienda 2013-2016.

Un trámite que se acaba de desbloquear y que se rubricará en los próximos días tras autorizar el Consejo de Ministros la suscripción del convenio. No porque esos 90 millones se hayan ya abonado a los ciudadanos que resultaron adjudicatarios de las ayudas, «sino por el compromiso alcanzado por la Comunidad de Madrid de hacer efectivos los pagos de manera progresiva», comenta Enrique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm).

Ayudas para otros fines

La posibilidad de derivar las ayudas previstas a la rehabilitación a otros fines fue posible gracias a que, en junio de 2012, el Gobierno regional presidido por Esperanza Aguirre, al objeto de cuadrar las cuentas por la crisis, modificó la normativa para no pagar el tramo autonómico de las subvenciones a las familias que ya habían rehabilitado sus viviendas y, además, reducir de 50.000 a 15.000 euros las ayudas a las comunidades de propietarios que habían instalado ascensores.

Las consecuencias, las lógicas, decenas de miles de afectados –la mayoría con pocos recursos– que se quedaron endeudados con unos 10 millones de euros. Según se recoge en la querella admitida a trámite, «el importe de las subvenciones percibidas del Ministerio de Fomento sin acreditar por parte de la Consejería que presidía Cavero, y que, por tanto, no llegaron a los beneficiarios asciende aproximadamente, para todo el ámbito de la Comunidad de Madrid, a entre 85 y 90 millones de euros, de los cuales casi más de cuatro millones le corresponden a la colonia de San Agustín.

Cavero, el Ivima y Goldman Sachs

El de las ayudas a la rehabilitación no es el único asunto en el que la gestión de Cavero como consejero madrileño de Transportes, Infraestructuras y Vivienda está en entredicho. También se sigue investigando –»aunque no hay muchas novedades», apunta Villalobos– la venta de casi 3.000 viviendas públicas de la Comunidad de Madrid al fondo Goldman Sachs, en octubre de 2013.

De momento, nada se sabe al respecto desde que el pasado mes de abril el juez Juan Antonio Toro, titular del juzgado de instrucción 48 de Madrid, pusiera en manos de la Fiscalía Anticorrupción la apertura de diligencias sobre el tema, tras aceptar la propuesta del Grupo IX de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco).

Causante de los desahucios

El pasado mes de junio, nada más tomar posesión de su acta de concejal, un total de 1.779 personas firmaron un escrito en el que pedían la dimisión de Cavero como concejal por ser responsable de aquella venta, que, a su juicio, ha sido la causa de que el 60% de los desahucios que se están llevando a cabo en Madrid provengan de estos pisos vendidos a Goldman Sachs.

El asunto podría haberse enredado todavía más para Cavero de haber prosperado en la Asamblea de Madrid la proposición no de ley promovida por Podemos para instar a la Comunidad de Madrid a reintegrar en su patrimonio los pisos del Ivima vendidos al fondo estadounidense. Pero el asunto no cuajó. Obtuvo el apoyo del PSOE, pero al final Ciudadanos –que había anunciado que también lo haría– votó en contra, junto al PP, y todo quedó en nada.