Madrid da marcha atrás con el registro del DNI en los bares

No habrá registro del DNI en los bares de Madrid. Un día después de anunciar la medida, la Comunidad da un paso atrás, después de que el gremio de la hostelería la cuestionase y reprochase que el Gobierno regional no había informado previamente de su puesta en marcha. La rectificación la recoge el Boletín Oficial de la autonomía, que en la resolución de la Consejería de Sanidad publicada este miércoles pasa de puntillas con la identificación completa de los consumidores en los lugares de ocio nocturno para facilitar el rastreo de contagios si los hubiera en algún establecimiento.

Los empresarios del sector sí que están obligados a pedir los datos de sus clientes, pero no el documento de identidad. Según la resolución, los establecimientos deben «llevar un registro de las personas que accedan a los mismos, en el que se recoja la fecha y hora, nombre y apellidos, y un número de teléfono de cada persona», con el fin de «facilitar su localización por las autoridades sanitarias en caso de que sea necesario». La recogida de datos requerirá del consentimiento de los consumidores, «sin perjuicio de condicionar el derecho de admisión» en caso de no contar con el mismo.

Isabel Díaz Ayuso anunció este martes las nuevas medidas que se tomarán en Madrid para evitar rebrotes y un segundo confinamiento. La mascarilla será obligatoria como en todas las demás comunidades (excepto Canarias), y el incumplimiento acarreará una multa de en torno a 100 euros. Los bares y demás lugares de ocio nocturno deberán cerrar a las 01.30 horas, pero no podrán atender nuevos clientes desde las 01.00 horas. Asimismo, la presidenta madrileña afirmó que se solicitaría el DNI de los clientes en estos establecimientos, lo que al parecer ya no sucederá.

Las medidas fueron criticadas por los hosteleros de la Comunidad. «Tomarte un café y que tengas que registrarte con tu DNI es algo que no se puede implementar ahora mismo», afirmó el director general de la patronal Hostelería Madrid, Juan José Blardony, que también advirtió de que las restricciones horarias significarán en la práctica el cierre del ocio nocturno en Madrid. La medida, añadió, «fomenta» el botellón «y eso incrementará el número de contagios con total seguridad». Este miércoles, la patronal ha reclamado a Ayuso un plan de rescate para el sector y criticó que las administraciones «no se están mostrando ágiles».

La polémica cartilla Covid-19

Al margen de las críticas de los hosteleros, la medida más controvertida anunciada por Ayuso fue la cartilla Covid-19 para presuntos recuperados e inmunes del coronavirus. El hipotético certificado carece de respaldo científico y fue incluso descartado por la Organización Mundial de la Salud desde finales de abril, pues no hay evidencia de que quienes se han recuperado de la enfermedad y tienen anticuerpos estén protegidos ante una segunda infección. No son anecdóticos los casos de personas que han vuelto a contraer el virus, así como no se pueden descartar falsos negativos en las pruebas, incluso en las PCR.

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha expresado este miércoles sus dudas sobre la viabilidad de la cartilla Covid-19, al entender que no se sustenta en criterios científicos y que «desde el punto de vista social», se fomentará que haya «ciudadanos de primera y de segunda». Asimismo, el certificado de inmunidad o de haber superado la enfermedad podría vulnerar la protección de datos y el derecho a la intimidad. Ayuso defendió este martes que el objetivo es que quienes tengan la cartilla puedan hacer «vida normal» e ir a bares, gimnasios y lugares de trabajo, y que no tengan que confinarse si se llega a ese escenario.

Ahora, la Comunidad ha matizado la medida. El vicepresidente autonómico, Ignacio Aguado, ha sostenido este miércoles que la cartilla Covid-19 está pensada «exclusivamente para uso sanitario», pese a que Ayuso en su anuncio nunca la limitó a este ámbito e incluso ofreció ejemplos que rebasan ese campo, señalando que podría ser utilizada incluso en cines y museos. Aguado ha defendido que tiene «todo el sentido» y que se trata de un «proyecto experimental» que «no busca generar privilegios», sino que servirá para que los servicios sanitarios tengan «información ordenada y actualizada» de las personas que se han hecho pruebas.