Las grandes ciudades se rebelan contra Sánchez

En las grandes ciudades de España el rechazo al acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre los remanentes municipales es casi total. De los diez municipios más poblados del país, al menos seis alcaldes ya se han mostrado totalmente en contra de la medida, dos todavía no han terminado de fijar su posición y otros dos no han puesto trabas. Por lo que el sector crítico ya representa casi al 80% de la población que reside en los 10 mayores municipios de España.

Y es que, con la entrada de Barcelona al grupo del «no» la situación ha cambiado mucho para el Gobierno, no solo por tratarse de la segunda ciudad más poblada de España (solo superada por Madrid), sino porque su alcaldesa, Ada Colau, tiene gran influencia en el entorno de Unidas Podemos, los socios de Pedro Sánchez en el Gobierno. Así las cosas, el presidente del Ejecutivo y el PSOE se han quedado prácticamente solos en la defensa del acuerdo.

Además de la regidora de Barcelona, los otros alcaldes de las grandes ciudades españolas que han advertido de que no se sumarán al acuerdo son José Luis Martínez-Almeida (Madrid), Joan Ribó (València), Jorge Azcón (Zaragoza), José Ballesta (Murcia) y Juan Mari Aburto (Bilbao). El conjunto de estos ayuntamientos representa a una población de unos 7,2 millones de personas, el 78% de los 9,2 millones que viven en los diez municipios más grandes del país.

Alcaldes del PSOE con dudas

De las seis ciudades españolas con más de medio millón de habitantes, solo los alcaldes de Sevilla y Málaga no se han lanzado contra el acuerdo entre la FEMP y el Gobierno. El regidor sevillano Juan Espadas Cejas, del PSOE, se mostró satisfecho con el acuerdo y señaló que daba cobertura a sus proyectos. Por su parte, el malagueño Francisco de la Torre se ha desmarcado del llamamiento a la rebelión de la sede del PP y no descarta sumarse al acuerdo.

Mientras el PP ha apelado a sus cargos municipales a movilizarse en agosto y septiembre contra el acuerdo, y cuando muchos de sus alcaldes ya han anunciado que no entregarán sus remanentes al Ministerio de Hacienda, De la Torre ha señalado que la propuesta del Gobierno es «muy mejorable». No obstante, no la ha descartado y ha señalado, ante la postura «tajante» de su partido, que su vocación es la de «trabajar con lo que hay y mejorarlo».

Los otros alcaldes del PSOE de alguna de las diez ciudades más pobladas del país están más a favor del acuerdo que en contra, aunque con matices. José Hila, regidor de Palma de Mallorca, está todavía «analizando» el asunto y su partido reconoce que el alcalde aún no sabe qué hacer, aunque definitivamente rechaza la propuesta de un grupo de la oposición de salir de la FEMP. Por su parte, Augusto Hidalgo, ve bien el acuerdo para Las Palmas de Gran Canaria.

Fuera de los grandes centros urbanos, son ya decenas de alcaldes los que han anunciado que no se sumarán al acuerdo, con representación de casi todos los partidos del arco parlamentario. De hecho, si de colores políticos se trata, en principio 190 de los 350 diputados del Congreso estarían en contra del decreto ley que el Gobierno previsiblemente tendrá que convalidar en la Cámara baja, en una votación que se prevé negativa para las ambiciones de Sánchez y la FEMP.

San Sebastián, Sant Cugat del Vallès, Badalona, Santander, Valladolid, Marbella, Córdoba, Pontevedra, Cádiz, Bilbao, Granada, Lleida y Reus son algunos de los ayuntamientos de menor densidad poblacional que forman parte de la rebelión al acuerdo de la FEMP, que fue aprobado exclusivamente con votos a favor del PSOE (Unidas Podemos se abstuvo con su único voto) y el sufragio particular del presidente de la Federación, el también socialista Abel Caballero.

Fracaso a la vista

La propuesta del Ministerio de Hacienda de que el superávit de los ayuntamientos se convierta en una bolsa común gestionada por el Gobierno ha despertado reproches por parte de decenas de alcaldes desde antes de su aprobación. «El Gobierno quiere robarnos a mano armada», avisaba algún regidor antes de la votación, que se ha saldado con los votos en contra de PP, Ciudadanos y JxCat, el «sí» del PSOE y la abstención de Unidas Podemos.

Sánchez y Caballero —cuyo voto de calidad fue determinante para aceptar la iniciativa— firmaron el acuerdo en La Moncloa el pasado 4 de agosto. El texto establece que los ayuntamientos, con carácter voluntario, podrán poner sus remanentes a disposición del Gobierno central, que aportará 5.000 millones de euros para que los municipios puedan incurrir en gasto sin que este se compute como déficit municipal, sino de la administración central.

El Ejecutivo defiende que el pacto es «histórico» y está motivado por una ley aprobada por el PP que impedía incurrir en déficit público a las corporaciones municipales y usar sus remanentes, y que ahora permitirá usar 5.000 millones de euros para impulsar la recuperación económica. Además, tanto el Gobierno como la FEMP han subrayado que se trata de una decisión voluntaria, lo que supone que los cientos de alcaldes que están en contra pueden estarlo.

El problema radica en que el ahorro de los ayuntamientos asciende a casi 15.000 euros (que en principio el Estado reembolsaría con intereses a lo largo de la próxima década), y los gobiernos municipales creen que el acuerdo es una maniobra para robarles estos ahorros. El PP ha calificado el real decreto de «expropiación» de los ahorros de los ayuntamientos y de «invasión de la autonomía local», y lo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.

El propio Caballero reconoció esta semana en una entrevista con El País que el acuerdo «es mejorable, pero es muy bueno». Y lamentó que previsiblemente será tumbado en el Congreso, pues la mayoría de partidos han anunciado que ese será el sentido de sus votos, con la única excepción del PSOE, que sigue defendiéndolo pese a los escasos apoyos que suscita. Ante esta situación, el Gobierno se mostró dispuesto a negociar un nuevo acuerdo.

Interpelado sobre si no sería mejor negociar con los ayuntamientos para llegar a un mejor acuerdo, Caballero reprochó que «hay miles de Ayuntamientos que quieren este sistema». «Que cada quien haga lo que más le conviene», zanjó.

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