Los observadores que negaron la validez del 1-O costaron 177.000 euros
La Guardia Civil cifra en 177.000 euros el coste para la Generalitat de las misiones de observadores del 1-O, aunque solo hay constancia documental de 119.700
Los observadores internacionales que acabaron por determinar que el 1-O no había cumplido con los estándares internacionales que debería tener un referéndum le costaron al gobierno de Carles Puigdemont 177.065 euros, según las cuentas de la Guardia Civil.
La cifra consta en el informe que sobre la financiación del referéndum ilegal entregó el instituto armado al juez Pablo Llarena el pasado mes de marzo, y que ha trascendido al levantarse el secreto de sumario del caso de presunta malversación en los preparativos del 1-O. El informe se ha difundido después de que el ministro Cristóbal Montoro afirmara que no se destinó dinero público a la organización del referéndum, en contra de la tesis con la que trabaja el juez.
Los pagos que sí están acreditados documentalmente suman 119.700 euros, según constaba ya en un primer informe
Según la Guardia Civil, en total se malversaron 1,9 millones de euros, y nos los 1,6 que se había dicho hasta ahora. De ese total, los investigadores consideran que 177.065 estaban destinados a desplazar a Cataluña a varios observadores internacionales para que validaran referéndum, cuya celebración había sido prohibida por el Tribunal Constitucional. No obstante, según informa Efe, en el informe se admite que se desconoce si se ejecutó efectivamente el pago de parte de ese dinero.
Los pagos que sí están acreditados documentalmente suman 119.700 euros, según constaba en un primer informe de la Guardia Civil, ya conocido, y que motivó el registro de la sede de Diplocat el pasado 13 de abril. El dinero corresponde a dos transferencias realizadas por la delegación del Gobierno de la Generalitat de catlauña ante la Unión Europea que según los investigadores sirvieron para pagar gastos de transporte y alojamiento de los observadores.
En el nuevo informe, a esa cifra se le suman otros 47.365 correspondientes a un compromiso de pago que en el documento se dice que «se desconoce si se abonó o no».
Dos equipos
El 1-O hubo alrededor de un centenar de técnicos, académicos y políticos extranjeros acreditados por la Generalitat, según informó en su momento El País. El principal equipo de observadores que supervisó el 1-O, desplegado por el Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) y liderado por el ex embajador holandés Daan Everts, concluyó que «el referéndum, tal y como se hizo, no puede cumplir con los estándares internacionales», pese a que atribuyó esa falta de garantías a las «circunstancias adversas» en que se desarrolló.
Hubo una segunda misión internacional supervisando el proceso, la de encabezada por la directora ejecutiva de la Comisión Electoral de Nueva Zelanda, Helena Katt, y que, pese a insistir en la «buena fe» de los organizadores y en que no detectó «intentos de manipulación», sí dijo que «ante la interferencia externa hubo improvisaciones y cambios de último minuto en el proceso de votación.
Ninguno de los dos equipos ha aclarado quién sufragó su misión supervisora.
