Así se malversaron 1,9 millones en el 1-O sin que Montoro se enterara
La Guardia Civil eleva a 1,9 millones de euros la malversación en el referéndum, ignorada por Cristóbal Montoro, y detalla los gastos
La Guardia Civil cuantifica la malversación del 1-O que Cristóbal Montoro niega. La investigación de la benemérita ha concluído de forma provisional que la Generalitat destinó 1,915 millones de euros a los preparativos del referéndum del 1 de octubre, y no los 1,6 millones que se consideraba hasta ahora. El referéndum fue prohibido por el Tribunal Constitucional y su celebración, y la posterior declaración de independencia, acarrea el procesamiento por rebelión para todos los miembros del gobierno de Carles Puigdemont.
En concreto, el cuerpo policial ha trasladado al juez Pablo Llarena diversas partidas que sumarían la cuantía malversada. En el desglose de gastos se incluye la financiación de la campaña para registrar a los catalanes residentes en el extranjero, que según la Guardia Civil perseguía «crear un censo electoral de residentes fuera de España», un propósito atribuido por los investigadores al ex consejero de Presidencia, Jordi Turull, y al secretario general, Joaquim Nin, según una información publicada en El Mundo. En total, se destinaron 224.835,25 euros a esta partida.
Por otro lado, la policía judicial incluye entre los gastos malversados el coste de la campaña institucional para promover la participación en la votación del 1-O. A esta partida se aportaron, según la Guardia Civil, 277.804,46 euros. Finalmente, las papeletas y el censo electoral generaron el mayor gasto de la supuesta malversación. Los encargos a la empresa Unipost costaron 979.661,96 euros, según el informe policial. Los gastos de los observadores internacionales, que fueron alojados en hoteles de lujo, suman 119.700 euros.
Desde la intervención financiera de la Generalitat se debe acreditar cada gasto para evitar costear actuaciones ilegales
demás, según los últimos datos del cuerpo policial, se habrían destinado unos 300.000 euros a otras partidas que no se han detallado con la misma precisión, con lo que el gasto total ascendería a más de 1,9 millones.
El informe de la Guardia Civil se conoce después de que el juez Llarena pidiera al ministro de Hacienda una explicación completa sobre los motivos por los que descartó que se destinara dinero público al referéndum. El ministerio de Montoro respondió que agradece la petición porque permitirá enviar al Tribunal Supremo todas las actuaciones de control de la Generalitat, que «hasta ahora no se habían solicitado». Desde la intervención de las finanzas catalanas por parte de Hacienda, antes de aprobar cada gasto se debe acreditar que no se destinará a ninguna actividad ilegal.
Posible malversación en la apertura de colegios
La incógnita del caso es saber cómo se pudieron malversar 1,9 millones de euros si las finanzas catalanas estaban intervenidas. La Guardia Civil investiga si la interventora de la Generalitat rehusó denunciar los gastos del 1 de octubre, mientras que Montoro sugiere que también podría considerarse malversación el gasto ocasionado por la apertura de colegios e institutos públicos para albergar la jornada de votaciones.
En cualquier caso, el debate sobre la existencia o no de la malversación se produce en el peor momento para el juez Llarena, pendiente del veredicto de la justicia alemana sobre la orden de entrega de Puigdemont y con una campaña en contra del independentismo.
