Los CDR y Tsunami se exponen a un delito de rebelión el 10-N
Varios juristas advierten de que puede hablarse de "rebelión" si los CDR y Tsunami Democràtic boicotean de forma generalizada y violenta el 10-N
La plataforma independentista Tsunami Democràtic y los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) tienen planes preocupantes para este domingo 10 de noviembre, en el marco de las elecciones generales. La primera hasta ahora solo ha convocado oficialmente manifestaciones el día de reflexión (9 de noviembre) y las jornadas siguientes a los comicios, y los CDR planean ocupar 300 colegios electorales el mismo día de las urnas.
Visto lo visto desde que se publicó la sentencia del procés el pasado 14 de octubre e iniciaron numerosos disturbios en Cataluña contra la misma –las cuales han continuado intermitentemente hasta este lunes, cuando se desarrolló un conato de boicot al Rey en Barcelona–, se prevé que los independentistas más radicales promuevan acciones que podrían violentar el derecho al voto en algunos centros electorales, lo que les asomaría al delito de rebelión.
Si bien la Ley Orgánica de Régimen Electoral (Loreg) prevé penas de seis meses a tres años de cárcel y multas para quienes perjudiquen el libre ejercicio de los derechos a los votantes llamados a las urnas, algunos juristas han indicado que si los CDR, Tsunami Democràtic y otros grupos independentistas boicotean las elecciones de forma generalizada en los centros de votación estarían superando las previsiones del delito electoral y asomándose al de rebelión.
Así lo han afirmado juristas consultados por Europa Press este martes, advirtiendo de esta posibilidad a grupos organizados que se vean tentados a movilizarse para perjudicar la jornada electoral del 10-N. La rebelión está regulada en el artículo 472.3 del Código Penal y su tipificación obedece en parte a la necesidad de garantizar la libre celebración de elecciones para cargos públicos. Las fuentes indican que, a diferencia del caso 1-O, en este escenario la rebelión sería clara.
Los juristas han explicado que la violencia tendrá la última palabra: si se produce, y si es generalizada en los colegios catalanes, definitivamente se estaría hablando de mucho más que un delito electoral. En caso de ser una violencia insuficiente para ser considerada rebelión, los hechos encajarían en la sedición, según las mismas fuentes.
Los planes de Tsunami y CDR el 10-N
Primero fue Tsunami Democràtic la plataforma que llamó a reventar la jornada de reflexión este sábado 9 de noviembre, ante lo que el propio Gobierno central exhibió cierto temor a finales de octubre. «Los disturbios nos preocupan siempre», explicó entonces el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, pero una convocatoria en la víspera del 10-N «es un añadido más de preocupación», dijo.
Ya este fin de semana, una semana antes de los comicios, se supo que tanto los CDR como Tsunami Democràtic planean boicotear las elecciones y no solo la jornada de reflexión. No solo quieren colapsar los colegios electorales en persona, sino que con la ayuda de hackers de Anonymous pretenden alterar el recuento de los votos a través de herramientas telemáticas. Un boicot en toda regla, de suceder.
¿Pero está presupuestada la violencia? No hay forma de saberlo hasta que los hechos tengan lugar, y en eso han insistido los juristas consultados. En resumen, todo depende de lo que suceda este domingo en Cataluña. Por su parte, el Govern catalán ha informado de que desde la Generalitat se garantizarán los derechos de todo el mundo y buscarán que sea «compatible manifestarse e ir a votar».
«Votar es un derecho de todos los ciudadanos. Tenemos que garantizar que todos puedan ejercer su derecho con normalidad», ha afirmado este martes la portavoz del Govern de Quim Torra, Meritxell Budó. En Madrid, el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha optado por un optimismo similar y ha manifestado que el Gobierno garantizará que las elecciones se celebran «con la tranquilidad necesaria».
