10-N: Los CDR y Tsunami planean boicotear las elecciones

Los sececionistas están dispuestos a arrasar con la democracia el próximo 10 de noviembre, fecha de las elecciones generales. Para ello, se prevé que colapsen los colegios electorales y alteren el recuento de votos a través de herramientas telemáticas, todo ello con la ayuda de algunos hackers reconocidos como Anonymous.

También se espera que se intenten hacer desaparecer las urnas y las papeletas, así como que se inutilizen las cerraduras de los colegios. En definitiva, hay una firme voluntad de provocar el caos y dejar algunas zonas electorales incomunicadas y sin los servicios esenciales.

El Gobierno ha organizado, como ya hizo en las pasadas votaciones del 28 de abril, las defensas necesarias para evitar los ciberataques de hackivistas o grupos organizados que puedan poner en peligro todo lo relacionado con el proceso electoral.

El Ministerio del Interior, encargado de que el proceso electoral se desarrolle sin disfunciones, ha reforzado las alertas que tradicionalmente mantiene. El encargado de este cometido es el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC) y la Oficina de Coordinación Cibernética (OCC), ambos encuadrados en la Secretaría de Estado de Seguridad.

Así lo han contado varias fuentes conocedoras del asunto a La Razón, aunque también apuntan a que varios aspectos se mantendrán confidenciales para no dar ventaja a los golpistas.

Objetivo: repetir la imagen del 1-O

Mediante 15.000 activistas, se quieren ocupar 300 colegios, para los que Tsunami Democrátic y los Comités de Defensa de la República (CDR) ya tienen diseñados los operativos, como adelante El Confidencial. Estos se manejarán también telemáticamente a través de las redes sociales. El objetivo es crear un enorme escándalo internacional y que las elecciones se declaren nulas, impidiendo el derecho a voto de los ciudadanos en Cataluña.

En comunicado de la plataforma Tsunami Democràtic emitido el jueves, se avisa de que es preciso «desobedecer a la junta electoral con una jornada de actividades culturales, políticas y festivas el día 9 de noviembre». Según el comunicado, quieren que se reflexione sobre la violencia policial aplicada contra la población pacífica o la incapacidad para dialogar de los líderes políticos. 

«Se intentará inutilizar los colegios de manera pacífica. Nada de violencia. Tendrán que sacar a rastras a ancianos y niños, como el 1-O», anuncia Tsunami Democrátic en las redes. Se calcula, no obstante, que esta acción podría afectar a unos 300 o 400 colegios como mucho.

La historia se repite

Media docena de hackers vinculados al movimiento Anonymous ya organizaron una oleada de ciberataques ante la sentencia del procés, creando un escenario de violencia no solo en las calles sino también en el escenario virtual. Esta oleada de ciberataques se previó contra webs de organismos públicos y empresas españolas.

También hubo otro gran ataque organizado a finales de 2017, tras el 1-O y que resultó en acciones de tres tipos: en su gran mayoría, de muy bajo nivel técnico, como tumbar las webs del CNI, el PP o el Tribunal Constitucional.  

Afortunadamente, muchos de estos ataques se han quedado en intentos debido a las barreras que establecieron los órganos competetentes de la Administración del Estado. Resulta complicado detectar quiénes pueden ser los “actores” de los ataques porque se utilizan maniobras informáticas para que no se los identifique.

A pesar de la dificultad, en alguna ocasión se ha desenmascarado al culpable. El Departamento de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo en Tarragona a comienzos del año pasado a uno de los principales organizadores de estas acciones. Bajo el nick en Twitter de @AnonXeljomudoX, este hacker de 21 años fue el responsable de más de 20 ataques informáticos de diverso alcance, entre ellos a varios servidores web de la empresa Indra. 

Cometió un error de principiante: se dio de alta hace años en Twitter con una cuenta de gmail con una IP que apuntaba a su hogar. Identificarlo fue cuestión de minutos. Ahora se le acusa de delitos de daños informáticos y descubrimiento y revelación de secretos, y la Fiscalía pide hasta 11 años de cárcel.