Los acusados del ‘procés’ (y sus acusaciones), uno a uno

La fiscalía ya ha entregado su escrito de calificaciones provisionales, en el que detalla las acusaciones y las penas que pide los líderes independentistas procesados tanto en la causa que se sigue en el Tribunal Supremo (TS) contra los miembros del gobierno de Carles Puigdemont, los Jordis y la presidenta y la mesa del Parlament de la pasada legislatura como en el juicio al que se enfrenta en la Audiencia Nacional (AN) la antigua cúpula de los Mossos d’Esquadra. Y también la Abogacía del Estado ha presentado ya su escrito de acusación. Detallamos lo que se solicita para cada uno de los procesados.

Oriol Junqueras

La fiscalía considera al exvicepresidente catalán el principal responsable, junto al expresident Carles Puigdemont, del intento de secesión, por lo que es para quien pide la pena más grave: 25 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación absoluta, por un delito de rebelión agravado con malversación. En cambio, la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerior de Justicia, se limita a atribuir a Junqueras, como al resto de exmiembros del govern, delitos de sedición y malversación, por los que, en el caso del exvicepresident, solicita 12 años de prisión.

Joaquim Forn

El exconseller de Interior, responsable máximo de los Mossos d’Esquadra el 1-O, también es acusado por la fiscalía de rebelión agravada por la «distracción de caudales públicos, por lo que le pide 16 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación absoluta. La Abogacía del Estado, en cambio, pide 11 y medio, de nuevo por sedición y malversación. 

Para el exconseller de Presidencia, que llegó a ser postulado como candidato a president tras las elecciones del 21-D, el ministerio público también solicita 16 años por los mismos dos delitos, que la abogacía deja en 11 y medio.

Raül Romeva

El que fue responsable del aparato de propaganda exterior de la Generalitat es el tercero de los consellers acusados junto a Junquras de intentar derogar la Constitución, forzar la independencia y «sustraer a cualquier clase de fuerza armada», en referencia a los Mossos d’Esquadra, de la obediencia del Gobierno. También se enfrenta a 16 años de prisión e inhabilitación, petición que la abogacía rebaja a 11 y medio.

Josep Rull

El extitular de Territorio y Sostenibilidad también forma parte del grupo de cinco exconselleres a los que la fiscalía achaca un segundo nivel de responsabilidad, solo por debajo de la de Junqueras y Puigdemont. Así que para él también solicita 16 años de cárcel e inhabilitación, que de nuevo se quedan en 11 y medio en la petición de pena de los abogados del ejecutivo central.

Jordi Turull

Misma situación. Para el exconseller de Presidencia, que llevó a ser candidato a la investidura justo antes de ser encarcelado también pide el ministerio público 16 años de cárcel e inhabilitación; y 11 y medio la abogacía.

Dolors Bassa

La exconsellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia completa el pack de ese segundo nivel de responsabilidad dentro del gobierno Puigdemont. Como en el caso de Rull, Turull, Forn y Romeva, la fiscalía solicita 16 años de prisión e inhabilitación y la abogacía, 11 y medio.

Carme Forcadell

La pena que se solicita para la expresidenta del Parlament, 17 años de cárcel e inhabilitación absoluta, es mayor que la solicitada para los cinco exconsellers mencionados porque, pese a que en su caso no hay distracción de caudales públicos, a ella se la incluye en el paquete de líderes o promotores de la presunta rebelión. La Abogacía del Estado acota la pena a 10 años por sedición.

Jordi Sànchez

En el mismo caso se encuentra el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). La fiscalía le considera uno de los impulsores del intento de secesión y solicita 17 años de cárcel e inhabilitación por rebelión, mientras que la abogacía limita la petición a 8 años por sedición

Jordi Cuixart

Idéntica situación para el presidente de la otra gran entidad independentista impulsora del procés, Òmnium Cultural. Cuixart se enfrenta a una petición de 17 años de prisión e inhabilitación por parte de la fiscalía y de 8 por parte de los letrados dependientes del ministerio de Justicia.

Meritxell Borràs

La exconsellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda es considerada un personaje secundario por la fiscalía y también por la Abogacía del Estado, que le achacan un delito de malversación por el que piden 7 años de prisión y 16 de inhabilitación, y una multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros, es decir, de 30.000 euros, por un delito continuado de desobediencia grave.

Carles Mundó

El exconseller de Justicia está en la misma situación que Borràs: se enfrenta a una acusación por malversación y desobediencia grave y continuada y a penas que pueden llegar a 7 años de cárcel, 16 de inhabilitación absoluta y multa de 30.000 euros.

Santi Vila

El exconseller de Cultura y Empresa siempre fue el más reticente dentro del gobierno Puigdemont con los planes independentistas, y renunció justo antes de la declaración de independencia del Parlament , pero se enfrenta a los mismos cargos y peticiones de pena que Borràs y Mundó.

Los miembros de la Mesa del Parlament

Para los integrantes de la Mesa del Parlament Lluís Maria Corominas, Lluís Ginó, Anna Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet y Mireia Boya, ni la fiscalía ni la abogacía, que también aquí coinciden en sus peticiones, solicitan penas de cárcel. Eso sí, piden una multa de 10 meses y un año y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de desobediencia grave.

Josep Lluís Trapero

En la causa que se sigue en la AN contra la cúpula de los Mossos, la fiscalía solicita 11 años de prisión para el exmayor de la policía catalana por un delito de rebelión, pese a que la juez instructura, Carmen Lamela, pidió el procesamiento por dos delitos de sedición, uno relacionado el asedio del 20 de septiembre a la consellería de Economía durante el registro efectuado por orden judicial y otro por el 1-O. 

César Puig

El ex secretario general de Interior de la Generalitat es el segundo de los procesados en la AN. Como en el caso de Trapero, se enfrenta a 11 años de cárcel por un delito de rebelión, ya que la fiscalía agrupa ahora los dos episodios (el del 20-S y el del 1-O) y entiende que la implicación de los acusados «alcanza al conjunto del proceso de secesión».

Pere Soler

En idéntica situación que Trapero y Puig se encuentra el que a finales de la legislatura pasada era el director de los Mossos. De los tres dice el ministerio público que «se sumaron al plan secesionista» poniendo los mossos al servicio del mismo. «Alertaban de la actuación de otros cuerpos policiales y facilitaron información a los impulsores del proceso para garantizar el buen fin del mismo, al tiempo que daban a estos cobertura y protección».

Teresa Laplana

A diferencia de Trapero, Puig y Soler, la cuarta acusada en la AN, la intendente Teresa Laplana, se enfrenta a un delito de sedición por el que la fiscalía pide 4 años de prisión, porque los hechos que se le imputan el ministerio público los circunscribe al 20 de septiembre, cuando fue la responsable del operativo de los mossos en la conselleria de economía.