Una ley de Zapatero exige al Gobierno que el gasto en Defensa pase por el Congreso

La Ley de Defensa Nacional que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005 obliga al Gobierno a que las leyes relativas a la defensa y también la financiación tengan que ser aprobadas por las Cortes Generales, una piedra en el camino para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que trata de aumentar la inversión sin el concurso del legislativo.

En concreto, el artículo 4 de la citada ley, que elaboró el Gobierno socialista después del controvertido envío de tropas a Irak por parte del Ejecutivo de José María Aznar, dicta que a las Cortes Generales (Congreso y Senado) corresponde «aprobar las leyes relativas a la defensa y los créditos presupuestarios correspondientes».

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recriminado a Sánchez desde la tribuna del Congreso que esta ley del PSOE obligaría al Gobierno a que las decisiones para elevar el gasto en defensa al 2% del producto interior bruto (PIB) tengan el aval de los diputados. El líder popular también ha cuestionado que el líder del Ejecutivo pretenda afrontar las inversiones millonarias sin unos Presupuestos Generales del Estado.

«¿Qué instrumento va a utilizar, el democrático, los Presupuestos, o el tramposo, los reales decretos-ley y las modificaciones de crédito?«, ha cuestionado Feijóo.

La Ley de Defensa Nacional fija cuáles son las atribuciones de los distintos poderes del Estado, desde la Corona («el mando supremo de las Fuerzas Armadas») al presidente del Gobierno y el titular del Ministerio de Defensa. En el caso de las Cortes, no solo le corresponde autorizar esas leyes y el gasto militar, sino también «debatir las líneas generales de la política de defensa», entre las que se encuentran los planes de reclutamiento y de modernización de las fuerzas, así como controlar la acción del Gobierno en la materia.

Es esta la norma que establece que el Congreso de los Diputados deberá autorizar, con carácter previo, el envío de tropas fuera del territorio nacional.

El ala socialista del Gobierno comprobó este miércoles que los planes del presidente Sánchez para afrontar el compromiso de llegar al 2% del PIB en gasto militar no cuenta con el concurso de los principales socios parlamentarios del Gobierno. Incluso Sumar, con cinco ministerios, tiene reparos con la estrategia que diseña La Moncloa.

Sánchez se reafirmó en el objetivo de aumentar el gasto en Defensa «sin tocar un céntimo de gasto social o medioambiental», pero insistió en que solo las decisiones que tengan que pasar por el Congreso lo harán.

El jefe del Ejecutivo ha anunciado la puesta en marcha de un Plan Nacional para el Desarrollo de la Tecnología y la Industria de la Seguridad Españolas, con el que pretende canalizar este impulso económico y que presentará antes del verano.