El Gobierno retira la Ley del Suelo para evitar una nueva derrota en el Congreso

Ante una previsible derrota en el Congreso, y frente a una posible crisis en el seno de La Moncloa, el Gobierno ha decidido retirar la Ley del Suelo que no contaba con el apoyo de sus aliados, y donde dependía de la abstención del PP para sacarla adelante.

Que la ley sea tumbada en el debate de este jueves exponía al Gobierno a un nuevo fracaso en el hemiciclo, tras haberse quedado solo el martes en su proyecto para combatir el proxenetismo.

En el caso de la Ley del Suelo, su principal aliado Sumar había anticipado su voto en contra, oposición que también habían anunciado Podemos, Junts y ERC.

En tanto el PP había apostado por la cautela y no había dicho cuál iba a ser su decisión, pero había anticipado que no daría luz verde a un proyecto que no tenía el respaldo de la totalidad del Gobierno.

Según fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana citadas por EFE, la norma se ha retirado del orden del día para que “no se vea afectada por la situación electoral” y para en un futuro «garantizar su tramitación».

Aunque el principal motivo de la retirada es la falta de acuerdo con Sumar y otros aliados políticos, desde La Moncloa han preferido señalar al PP: «Nuevamente, vemos a un Partido Popular con falta de sentido de Estado. Han primado sus intereses electoralistas a una demanda de ayuntamientos y comunidades, para favorecer el desarrollo de vivienda pública», indicaron fuentes citadas por Servimedia.

El Gobierno insistirá

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que el Gobierno no aparcará la reforma de la Ley de Suelo tras su decisión de retirarla, y ha asegurado que volverán a llevarla al Congreso para que se apruebe con un «amplio consenso».

Torres ha explicado en una entrevista en RNE que hasta este miércoles estaban en la voluntad de sacar adelante la ley y, pese a que se ha hecho un «buen trabajo», los «datos» trasladaban que «no iba a salir».

La propuesta dada de baja in extremis una hora antes del inicio del pleno, donde el secretario del Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, ha avisado a la Mesa del Congreso se retiraba la norma de la sesión.

Qué proponía la Ley del Suelo

El proyecto buscaba modificar el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que, según el Ejecutivo, «se tramitó con la máxima celeridad para dar respuesta a la necesidad de la promoción y ampliación del parque público de vivienda en España».

«Se trata de una norma demandada por los ayuntamientos, en un carta firmada por la FEMP, por las comunidades autónomas en la Declaración Xacobeo 21-22, y por todo el sector», remarcan desde el departamento que dirige Isabel Rodríguez.

El Gobierno quería con esta reforma dar seguridad jurídica a los planes urbanísticos evitando su anulación total por defectos de forma que son subsanables, a diferencia de lo que ocurre actualmente, indicaron fuentes de Vivienda a EFE.

También apuntaba a detener la expansión de bufetes de abogados y otras figuras que se han especializado en impugnar los planes de ordenación a través de extorsión y amenazas si no obtienen lo que desean, añadieron fuentes ministeriales.

El departamento encabezado por Isabel Rodríguez ha informado que en estos años se han anulado más de 100 planes (no todos debido a defectos subsanables), incluyendo los de ciudades como Madrid, Gijón, Ibiza, Las Palmas, Santander, Toledo, Zamora, Ourense, Vigo, entre otras.

Además, muchos de estos planes han quedado obsoletos al no poder ser modificados. Esta situación «ha generado una gran inseguridad jurídica durante años», lo que ha llevado a muchos ayuntamientos a no atreverse a impulsar nuevos planes o a tener que trabajar con algunos muy antiguos que no cumplen con las necesidades actuales.

La reforma de la ley del suelo inició su andadura en diciembre de 2022, cuando el Consejo de Ministros la aprobó, y se elevó al Congreso de los Diputados, pero esta tramitación se vio interrumpida por las elecciones municipales, autonómicas y posteriormente generales. El pasado mes de marzo se aprobó en segunda vuelta en el Consejo de Ministros y hoy buscaba el debate de totalidad. Forma parte de las reformas del Plan de Recuperación y tiene de plazo para acometerse junio de 2025.