La Ley de Paridad obliga a las empresas del IBEX a tener un 40% de mujeres en sus consejos
Las sociedades cotizadas que incumplan la paridad incurrirán en una infracción grave que acarreará desde multas hasta la suspensión de la cotización
La ministra de Igualdad, Ana Redondo. EFE/ Zipi
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La Ley de Paridad entre hombres y mujeres, aprobada este martes en el Consejo de Ministros, obligará a las empresas del IBEX a tener entre el 40% y el 60% de mujeres en puestos de dirección y en sus consejos de administración.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) será la encargada de velar por el cumplimiento de las obligaciones de representación paritaria en las sociedades cotizadas. En el caso de incumplir con la ley, las empresas incurrirán en una infracción grave que acarreará desde multas hasta la suspensión de la cotización.
«La meritocracia sin paridad no es posible», ha afirmado en una rueda de prensa la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha recordado los plazos de entrada en vigor de la obligación de paridad que no han cambiado respecto al texto aprobado en mayo, según recoge Efe.
En vigor a partir de junio de 2024
La nueva ley entrará en vigor a partir del 30 de junio de 2024 para las 35 sociedades con mayor valor de capitalización bursátil, desde el 30 de junio de 2025 para las cotizadas con una capitalización bursátil superior a los 500 millones y un año después para las que estén por debajo de esa cifra.
Asimismo, el principio de equilibrio a través de la regla 40-60 se aplicará a las entidades de interés público que tengan más de 250 trabajadores y una cifra de negocios de más de 50 millones de euros o activos por 43 millones.
También a los colegios profesionales, para los que será de obligado cumplimiento desde el 30 de junio de 2026 y que en caso de no lograr la paridad tendrán que informar de las causas y del plan para hacerlo efectivo en el plazo más breve posible.
Paridad en órganos constitucionales y Administración del Estado
La Ley de Paridad afectará al Gobierno, a las listas electorales y a órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial.
En el ámbito de la Administración General del Estado, los órganos superiores y directivos de cada Ministerio deberán incorporar también este principio de representación equilibrada en los cinco años siguientes a su aprobación.
Asimismo, la obligación de cumplimiento se extenderá a todas las entidades del sector público estatal.
