Las 9 advertencias de la Comisión de Venecia a la ley de amnistía

El pasado 1 de marzo, se dio a conocer el contenido del borrador del informe elaborado por la Comisión de Venecia respecto a la ley de amnistía en España. Este documento ha generado un intenso debate y controversia entre el Gobierno y la oposición, quienes interpretan de manera dispar las 9 advertencias expresadas por la Comisión.

El Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, destacó en Twitter: «Lo dijimos nosotros y ahora también la Comisión de Venecia: la amnistía es una herramienta para la reconciliación». En contraste, la secretaria general del Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, acusó al Gobierno de publicar el borrador antes de su debate y aprobación.

El presidente del Senado, Pedro Rollán (PP), denunció la filtración del borrador, insistiendo en que no se trata del documento definitivo. La Comisión tiene previsto publicar el dictamen final después de su reunión programada para los días 15 y 16 de marzo.

Borrador de la Comisión de Venecia

El informe respalda «la posibilidad de una ley de amnistía» siempre que cumpla con los «requisitos de legalidad y respeto al derecho internacional». Sin embargo, la falta de claridad en la definición de «actos amnistiados y excepciones» ha generado desacuerdo, al igual que la propuesta de una tramitación que permita un amplio debate y participación.

La Comisión sostiene que la propuesta de ley actualmente en el Congreso no afecta a la separación de poderes, dejando en manos de los jueces la amnistía de actos concretos según la normativa. Sin embargo, advierte contra la tramitación urgente, argumentando que limitaría las consultas y podría tener consecuencias no deseadas.

Uno de los puntos más controvertidos es la profunda división que ha generado la ley en diversos ámbitos de la sociedad española. La Comisión destaca que la norma «ha provocado una profunda y virulenta división en la clase política, en las instituciones, en el poder judicial, en el mundo académico y en la sociedad de España».

El informe también aboga por mejoras en el «ámbito material y temporal de aplicación», considerando que la norma actual es «muy amplia y bastante indeterminada». Recomienda una «relación causal más estrecha» entre eventos como las consultas en Cataluña en 2014 y 2017, y los actos de malversación y corrupción.

Otra propuesta significativa es eliminar el criterio que excluye delitos de terrorismo en función de si hay sentencia firme, un aspecto que ha sido objeto de enmiendas posteriores. La Comisión enfatiza que las amnistías deben perseguir objetivos legítimos en interés de la comunidad y no diseñarse para favorecer a individuos concretos.

En última instancia, el documento destaca que la interpretación y aplicación de la ley de amnistía deberá recaer en los jueces en cada caso concreto.