La sociedad civil arropa a Mas para que culmine el 9N

El Govern lo fía todo a que Rajoy no pida a la Fiscalía que impida la apertura de los centros para votar en el “proceso participativo”

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Llegados a esta situación, que pase rápido, que todo el mundo que quiera participe, y ya se buscará una solución a partir del 10 de noviembre. Esa es la posición de la sociedad civil catalana, que apoya ahora al President Artur Mas para que culmine el 9N. Empresarios, sindicatos, asociaciones, grupos políticos, –no únicamente los favorables desde el inicio a la consulta, sino también los socialistas–, todos arroparon este miércoles a Mas en un acto en el Hotel Princesa Sofía.

Todos ellos aplaudieron a Mas en la entrada al auditorio, pero, sobre todo, le ovacionaron al final de su intervención, en la que el President insistió en buscar un acuerdo político con el Gobierno español que permita a Cataluña decidir su futuro, lejos de los corsés jurídicos, o de las batallas judiciales utilizando para ello el Tribunal Constitucional.

Juego peligroso

¿Se trató de un apoyo cerrado, defendiendo las tesis de Mas? Fuentes empresariales admiten que no se trataba de ese objetivo, pero sí de arroparle, por lo menos, para que se pueda celebrar el llamado “proceso consultivo”, que para el Gobierno español es algo muy similar a la primera consulta, y que, para los mismos dirigentes soberanistas, era una especie de referéndum.

El problema es que el Gobierno catalán ha entrado en un juego peligroso para las dos partes. Con la pseudoconsulta del domingo, el Ejecutivo de Mas entiende que se garantiza “la libertad de expresión de los catalanes”, pero el President es consciente de que el Gobierno español podría impedir la consulta con una orden a la Fiscalía para que actúe la Policía, que, en este caso, sería una orden directa a los Mossos d’Esquadra, sin necesidad de pasar por el departamento de Interior de la Generalitat. ¿Es lo que quiere Mas?

 
*Jaume Giró, Carles Tusquets y Enric Crous, en el acto de Mas / ED

Por ello, el President se reservó la convocatoria, para este viernes, del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, en el que se tomará una última decisión. El departamento de Governació lo tiene todo preparado, y los voluntarios están citados, con todas las tareas asignadas, a las ocho de la mañana del domingo en sus respectivos centros de secundaria o locales cedidos por los ayuntamientos.

El Gobierno español confía en Mas

Lo que obtuvo Mas este miércoles es una suerte de permiso, de respaldo, para que culmine ese proceso, aunque no necesariamente se comparte que se deban utilizar los centros públicos de la Generalitat. Uno de los que aplaudió la intervención de Mas fue Miquel Iceta, primer secretario del PSC. Pero Iceta, horas después, en un foro de debate, reclamó que fueran los propios voluntarios los que organizaran la consulta, con el apoyo de las entidades sociales.

Eso es lo que deberá decidir Mas en el último momento, porque el Gobierno español sigue creyendo que el Govern acatará la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la nueva consulta del 9N.

Que pase la consulta

El President tuvo a su lado a dirigentes sindicales, como Josep Maria Álvarez, de la UGT, y Joan Carles Gallego. Los dos han secundado en los dos últimos años el proceso soberanista. Pero también asistieron desde Miguel Angel Fraile, el secretario general de la Confederación de Comercio de Catalunya (CCC) –que reaccionó con tibieza a la campaña de la ANC sobre “los comercios amigos”— hasta Salvador Alemany, presidente de Abertis. Y entre casi la totalidad del Govern de la Generalitat, tampoco faltaron prohombres como Jaume Giró, director general de la fundación bancaria La Caixa, el empresario Carles Tusquests, o el director general de Damm, Enric Crous.

Que pase la consulta, que se haga como se pueda, y después ya se verá. Esa fue la consigna. El propio Mas aseguró que el 10 de noviembre le escribirá a Mariano Rajoy una carta en la que le explicará la propia evolución del “proceso participativo del 9N”, y le pedirá, “de nuevo”, negociar la convocatoria de un referéndum “pactado y acordado”.

Rajoy debe decidir

Con todo esto, con esa imagen de Mas ovacionado por buena parte de la sociedad civil catalana, la que está al mando de entidades, sindicatos y empresas, al Gobierno español le toca ahora decidir si, como el auditorio del Hotel Princesa Sofía, prefiere pasar página cuanto antes, o impedir, con la ayuda de la Fiscalía, que se vote en los centros de secundaria.

En las próximas horas, deberá valorar si es conveniente, o si, por el contrario, sería contraproducente.

Mas espera. Ha llegado hasta aquí.


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